Identidad de género: Ser lo que se es

Pasar de las páginas policiales a la sección política de los diarios representa un cambio radical en la forma de existencia social de cualquier grupo o persona. La comunidad transexual argentina acaba de dar ese paso. La aprobación de la ley de Identidad de Género, que permite cambiar de nombre y género a través de un trámite administrativo y establece el derecho a la salud integral –que incluye intervenciones de reasignación genital– representa el pleno acceso a la ciudadanía para un grupo que ha sufrido histórica y sistemáticamente la violación de sus derechos.. «Es como la abolición de la esclavitud; nuestra Asamblea del año XIII», se entusiasma, frente al Congreso donde se celebra esta victoria, una activista trans. Una esclavitud poco visible, que transcurría en los márgenes de la sociedad, en esas zonas negras o rojas donde todas las formas de violencia física y simbólica los tenían como objetos privilegiados. Echadas u obligadas a huir de sus hogares entre la infancia y la adolescencia, expulsadas de los ámbitos educativos –sólo el 32% llega a completar su educación secundaria–, rechazadas en los empleos, obligadas a ejercer la prostitución como única posibilidad de supervivencia, maltratadas por el sistema de salud, ignoradas por las estadísticas, insultadas por vecinos, castigadas por la policía, convertidas, en el mejor de los casos, en objeto de consumo exótico en shows y espectáculos de TV, las personas trans se han afirmado, como nunca antes, como sujetos políticos. Y ese es un cambio más grande de lo que parece. «La sociedad no está dimensionando en sus justos términos lo que significa esta ley –dice Lohana Berkins, reconocida luchadora por los derechos de las travesti, presidenta de la Cooperativa Nadia Echazú e integrante del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género–. Si bien las beneficiarias directas vamos a ser nosotras, en realidad es toda la sociedad. Esta ley pone en primerísimo plano el sentido de la ciudadanía y la democracia. Para mí, el aporte más grande que hace esta ley es discutir los términos ciudadanía y democracia». 


Hecho en Argentina

«Es la mejor ley del mundo», se decía y se repetía entre lágrimas, frente al Congreso, la noche del 9 de mayo, después de la votación en el Senado. Algunos legisladores y el propio Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, cruzaron la avenida Entre Ríos para saludar a activistas y organizaciones, principales responsables de que la Cámara Alta hubiera aprobado, por sorprendente unanimidad, una ley más avanzada que las que rigen en otros países. «Hoy es un día histórico, uno de esos días que recordaremos para toda nuestra vida. Tenemos un Estado que nos reconoce y que nos respeta», decía, en el escenario montado para celebrar la sanción, Berkins. «Estas lágrimas son el mejor maquillaje que he tenido en mi vida» agregaba, emocionada, Marlene Wayar, de Futuro Transgenérico, también integrante del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. «A partir de hoy la Argentina tiene la ley de Identidad de Género más progresista del mundo. Ha sido un sueño que la comunidad trans viene acariciando desde hace muchos años», aseguraba por su parte Mauro Cabral, activista trans internacional, investigador, filósofo e integrante del Frente en el mismo escenario en el que, minutos después, la senadora santiagueña Ana María Corradi felicitaría y pediría perdón «por no haber aprobado esta ley antes». Allí estaban todas y todos. Tod*s, como prefieren nombrarse, con un asterisco que incluye todas las variantes de la diversidad que la gramática no contempla. Las más visibles por su estética claramente femenina, por sus brillos y lentejuelas, pero también los trans masculinos, con sus remeras negras y sus pelos cortos, su modo menos llamativo de ejercer el derecho a elegir y construir su propia identidad. Eran identidades diversas en cuerpos diversos, con o sin cirugías, prótesis u hormonas, transexuales, intersex, travestis, lesbianas, gays, putos peronistas, «travas del pueblo», como define, sonriente, Lohana, que no gusta de términos «extranjerizantes» ni practica la corrección política. Todos ellos, todas ellas, se resisten a ser encasillados en una nueva categoría, una presunta «identidad transexual» que consistiría en algo muy cercano a los estereotipos con que la sociedad –y sobre todo la televisión– ha disfrazado su rechazo en una especie de fascinación circense.
 La ley que acaba de aprobarse parece haber entendido eso mejor que nadie: no exige etiquetas jurídicas ni psiquiátricas para dar lugar al cambio de nombre y de sexo en los registros públicos, sino la simple solicitud de la persona interesada. «La definición del artículo 2 de la ley es entender a la identidad de género como la vivencia interna y profunda tal como cada persona la siente, que puede o no corresponder con el sexo genital, que puede o no estar en sintonía con las terapias de hormonas, que puede o no estar en relación con la necesidad de intervenirse quirúrgicamente, con la cuestión de la ropa, de la expresión corporal, de los modales –señala Emiliano Litardo, abogado del Frente Nacional por la Identidad de Género y redactor del proyecto–. En la cocina de la ley, tuvimos ese cuidado, quisimos evitar que el proyecto contuviera definiciones normativas acerca de qué es la identidad travesti, qué es la identidad transexual, e incorporar, en cambio, una definición abierta y lo suficientemente respetuosa de la expresión de género tal como las personas la pueden llevar adelante, en consonancia con los principios de Yogyakarta».

Cambio de paradigma

Los principios de Yogyakarta, que indican cómo aplicar la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, fueron redactados en 2006 en Indonesia por un grupo de reconocidos expertos en derechos humanos de todo el mundo, entre los que se encontraba el argentino Mauro Cabral. El documento insta a los Estados a adoptar «todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el pleno disfrute del derecho a expresar la identidad o la personalidad, incluso a través del lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección de nombre o cualquier otro medio».
La eliminación de requisitos para acceder al cambio de nombre implica un cambio profundo en la concepción de una identidad que, históricamente, había sido relegada, por los discursos médicos y jurídicos, al desván social de las patologías. En efecto, el DSM IV, manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la American Psychiatric Association y biblia del establishment psiquiátrico internacional, considera a la transexualidad como una enfermedad, el «trastorno de identidad sexual», también incluida en el CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud). Activistas y organizaciones trans denuncian que esta forma de entender a las identidades es «un gravísimo ejercicio de control y normalización. En casos como el del Estado español, es obligatorio el paso por una evaluación psiquiátrica en las Unidades de Identidad de Género que, en algunas ocasiones, va asociada a un control semanal de nuestra identidad de género a través de terapias de grupo y familiares y todo tipo de procesos denigrantes que vulneran nuestros derechos», tal como asegura un manifiesto de la Red Internacional por la Despatologización Trans.
 Esta era, también, la concepción dominante en la Argentina. Por un lado, la ley 18.248 obligaba a que el nombre de una persona reflejara con claridad el sexo que le había sido asignado al nacer. Por otra parte, la ley 17.132, de ejercicio de la medicina, prohibía a los médicos realizar intervenciones que modificaran «el sexo del enfermo, salvo que fueran efectuadas con posterioridad a una autorización judicial». El artículo, derogado por la reciente ley de Identidad de Género, obligaba a todos los que quisieran someterse a cirugías de reasignación genital a presentarse ante la Justicia para obtener la autorización correspondiente. Lo mismo debían hacer quienes quisieran modificar sus datos registrales.
 Marcela Romero es una de las tantas personas que, en los últimos años, presentaron recursos de amparo para obtener un DNI acorde con su identidad de género. Se define como «mujer tans» y participa de la lucha de las travestis argentinas organizadas desde sus inicios, a comienzos de la década del 90. Ha pasado por la calle y por las cárceles, por los quirófanos y los juzgados, y habla de los larguísimos diez años y las numerosas instancias judiciales por las que tuvo que atravesar hasta obtener su nuevo documento. «Son interrogatorios, psicólogos, psiquiatras, forenses, el último paso, al menos el que me tocó a mí, fue que te desnudan y te sacan fotos y eso va dentro del expediente que ve el juez. Lo psicológico es terrible, las preguntas tremendas relacionadas con tu intimidad, con tu infancia, tenés que explicarles que no pudiste acceder al colegio, que no tuviste esa oportunidad. La ley de Identidad de Género lo que va a hacer es que las compañeras puedan acceder a los derechos que tiene cualquier otro ciudadano. Porque lo que no teníamos eran opciones», cuenta.
 Romero recuerda haber sido víctima de exclusiones y violencias desde que era muy pequeña. Es que, como señala Berkins, la mayoría de las trans empieza a descubrir su identidad en la primera infancia. Contra los estereotipos que consideran a la vestimenta, el estilo y las prácticas de modificación corporal que llevan a cabo las travestis y transexuales como una cuestión frívola o superficial, las historias dan cuenta del modo en que la identidad sexual está anudada con lo más profundo de cada persona. Marlene Wayar, directora de la revista travesti El teje y destacada referente transexual, cuenta que siempre se pensó y sintió como una mujer. «Yo tenía 5 años –relata– y éramos tres amigos, Daniel, Gilda y yo. Él era claramente el hombre y nosotras éramos las nenas, y jugando al doctor me di cuenta de que mi cuerpo era igual al de él y no al de ella, lo que era loco porque en mi cabeza nosotras éramos dos nenas y él, el nene. Eso fue darse cuenta de que algo andaba mal. Y no es que me haya dado cuenta de que quería ser nena, yo siempre me había sentido nena y de lo que me di cuenta a los 5 años es de que biológicamente era varón».
 Por eso Wayar destaca la importancia de que la ley contemple los derechos de los niños y las niñas trans, al establecer la posibilidad de efectuar el trámite de rectificación del sexo y el cambio de nombre de pila de los menores de 18 años «a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a». «Si hay un conflicto, por ejemplo, que el niño o adolescente quiere cambiar su nombre y los padres no, ahí sí se dirime en sede judicial. Lo que previmos es que al niño o la niña que llegue a la vía judicial se le asigne un abogado del niño, que esté asesorado por alguien que vaya a defender sus intereses y sus deseos», explica Litardo.
 Asumir la identidad transexual en sociedades que la estigmatizan y criminalizan tiene un alto costo: suele traer aparejada la pérdida de vínculos familiares y la marginación en la escuela. Es por eso que el 73,2% de las personas trans no terminó el colegio secundario y sólo el 2,3% completó estudios universitarios o terciarios, según revela Cumbia, copeteo y lágrimas, un informe nacional sobre la situación de los travestis, transexuales y trasgéneros realizado y publicado por la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (ALITT). Algo similar ocurre con el empleo: «La discriminación y el desarraigo nos expulsan de la escuela y esto a su vez dificulta la búsqueda de horizontes laborales», asegura el documento. En este sentido, no debe sorprender que más del 80% de las trans menores de 42 años tenga como principal fuente de ingresos la prostitución, y que la mayoría de ellas (casi el 80%) quiera dejar esta actividad.

 Estereotipos

 «El Estado –dice Berkins– generó un estereotipo de personas que sólo se podían dedicar a la prostitución. Nosotras estábamos puestas en ese lugar siniestro. Por un lado, no se hacía cargo de nosotras y, por otro lado, a la sociedad burguesa, le decía: yo controlo. Las encarcelo, no las muestro, les pongo zonas rojas, las desaparezco en términos civiles».
 Esa combinación de exclusión y represión resultó, durante décadas, el escenario naturalizado en el que se desplegaban las historias personales de travestis y transexuales. Historias en las que, como en cualquier otra, había familias, amores, madres, hermanos, sobrinos, amigas; compras en el supermercado, visitas al dentista, paseos por el parque o viajes en colectivo. Sin embargo, muchas de las cosas que para otra persona resultan habituales, para los trans constituían una prueba dolorosa y muchas veces postergada. «¿Cuántas de nosotras vamos a una oficina pública a hacer un trámite? ¿Cuántas utilizamos el transporte público cotidianamente sin temor a ser agredidas? ¿Cuántas vamos a un parque un día soleado a tomar mate? Algunos espacios son hostiles para travestis, transexuales y transgéneros y a otros casi directamente renunciamos, al punto de olvidar que nos correspondían», asegura el libro de ALITT. Y aporta algunos datos: el 81,2% de las personas trans sufrió burlas e insultos; el 64,5%, agresiones físicas. El 74,12% fue agredido en la calle y el 54,5%, en comisarías. En tanto, el 82,7% fue detenido ilegalmente, el 57,6% fue víctima de golpes y el 50% de abuso sexual por parte de la policía.
 El 24 de octubre de 2007, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, resolvió que todos los hospitales deberían respetar la identidad de género adoptada o autopercibida de quienes concurrieran a ser asistidos. La resolución 2.272 fue una reparación mínima tras décadas de maltrato. «Fue siempre así, desde ir a una sala y que no te atiendan o que se arremoline todo el hospital para hurgarte o exponerte en un momento de suma vulnerabilidad –relata Wayar–. Yo he tenido que acompañar al Muñiz a amigas a las que en el hospital les habían dado dos pesos para que tomaran un colectivo y la dirección de un hogar de día. Aunque estaba agonizando con HIV, las estaban mandando a la casa a morir para que no estuvieran gastando energía hospitalaria ni enfermeras ni comida ni remedios».
 Entre las 592 transexuales fallecidas a lo largo de cinco años cuyos nombres constan en el libro Cumbia, copeteo y lágrimas, la principal causa de muerte es el VIH/sida (54,7% de los casos) y en segundo lugar se encuentra el asesinato (16,6%), seguido por accidentes, suicidios, cáncer, sobredosis y ataques cardíacos. El dato más relevante, sin dudas, es la edad: el 43% murió cuando tenía entre 22 y 31 años.
No por nada Diana Sacayán, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, asegura que dedica la ley a «todas las compañeras que murieron por causas evitables. Ese pensamiento se nos cruzó esa noche, frente al Congreso, a todos los activistas». Por eso las lágrimas: por las y los que ya no están, pero también, como agrega Sacayán, porque ahora «se puede construir futuro».
 Los activistas trans saben que diversidad es una de las palabras con las que se escribirá ese futuro. Si durante mucho tiempo, la sociedad argentina sólo aceptó como ciudadanos a quienes se ajustaban al estereotipo patriarcal del varón blanco heterosexual, hoy travestis, transexuales y transgéneros están demostrando que la identidad sexual no es una decisión personal, sino también una cuestión política. Acción 1.099, primera quincena de junio de 2012.

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Susana Trimarco: Los días sin Marita

Buscando a su hija, desaparecida en abril de 2002, reveló la trama una red de trata de personas y ayudó a rescatar a muchas de sus víctimas. El dolor infinito de la ausencia.

  Hace diez años que Susana Trimarco busca a su hija. No ha dejado de buscarla ni uno solo de los días y las noches de estos diez últimos años. Su perseverancia la llevó a cruzar más de una frontera y a conocer el otro lado, el más oscuro, de la apacible vida cotidiana de la provincia de Tucumán: vio personas vendidas y compradas como mercancías, vidas robadas, plusvalía sexual extraída a fuerza de violencia y terror de los cuerpos de mujeres jóvenes.
Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002. Tenía entonces 23 años, una hija de 3 y vivía con su pareja, David, en un departamento del barrio Gráfico II, en Las Talitas, Gran Tucumán. Esa mañana dejó a la niña con Trimarco y salió rumbo a la Maternidad para una consulta ginecológica. «Quedate tranquila, mamá, que enseguida vuelvo», dijo antes de irse. Fue la última vez que Susana escuchó la voz de Marita. Desde entonces, dice, «fue como si la tierra se la hubiera tragado».
 Pero no fue la tierra, no, y Trimarco lo supo enseguida, cuando empezó a recibir los primeros datos, que hablaban de un auto rojo y de una mafia que llevaba chicas de Tucumán a La Rioja y las vendía para su explotación sexual. Pistas difusas primero, más sólidas después, la fueron llevando tras el rastro de Marita y sus captores. Poco tiempo después de la desaparición, Trimarco ya había averiguado mucho más de lo que la policía y la justicia sabían o decían saber. Que su hija había sido obligada a subir a un remís de la empresa Cinco Estrellas, que había sido dopada y golpeada, que la tuvieron en varias casas particulares de Tucumán, que logró escapar y fue devuelta por la policía, y que en 2003 estaba en La Rioja. Marita habría sido vendida a una familia de proxenetas de esta provincia, que hoy están siendo juzgados junto con algunos de sus cómplices. En los prostíbulos riojanos, Marita se cruzó con varias chicas que luego brindaron su testimonio ante la Justicia. La vieron sola, llorando, confundida, llorando otra vez, golpeada, con los rastros aún dolorosos de una puñalada en la espalda y una cicatriz detrás de la oreja. La vieron llevando en sus brazos a un bebé, fruto de la violación cometida por uno de los proxenetas que la explotaba, la vieron ayudando a recién llegadas a aflojarse sus ataduras, dando consejos, compartiendo con ellas el saber práctico que fue acumulado para poder sobrevivir en esos campos de concentración privados, pequeños estados totalitarios a cuyas puertas quedan suspendidas las leyes y los poderes públicos.
 «Trata de personas»: la expresión, que tras la desaparición de Marita Verón comenzó a ganar espacio en los medios y en las conversaciones, adquiere, en la voz de Susana Trimarco, detalles precisos. No alude ya a un negocio abstracto, el segundo rubro de comercio ilegal después del narcotráfico, que mueve decenas de miles de millones de dólares en todo el mundo, sino que se encarna en rostros, en los nombres de las chicas que Trimarco ayudó a rescatar durante su investigación, en las fotos de su propia hija, sonriente en los portarretratos que ocupan las paredes y los escritorios de su despacho en la Fundación María de los Ángeles. El 8 de febrero se inició el juicio oral y público contra 13 personas, tucumanas y riojanas, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución de María de los Ángeles Verón. Trimarco concurre a todas las audiencias. «Los veo a esos delincuentes y no tengo miedo, yo estoy ahí para decirles: devuélvanme a mi hija, díganme dónde está mi hija. Porque yo la adoro, la amo a mi hija. Yo les digo: mientras ustedes no me devuelvan mi hija, no tengo paz yo y no van a tener paz ustedes».
–¿Cuándo y cómo usted y su marido empezaron a enterarse de que una red de trata era la responsable de la desaparición de Marita? 
–Fue como a los diez o quince días de que se la llevaran a mi hija. Ya habíamos hecho muchos afiches, fotos, pegadas por todos lados, y a mi marido se le ocurrió ir al Parque 9 de Julio, a la zona roja, preguntando si no la habían visto, y ahí una chica que trabaja en la prostitución dijo que sí, que sabía qué le había pasado a mi hija. Y ahí fue que ella dijo que mi hija había sido secuestrada, vendida, cambiada por droga en La Rioja para la prostitución. Yo no creía esas cosas. Pero después, con los datos que ella nos dio, comprobamos que era la verdad. Con el tiempo descubrimos que la desaparición de Marita estaba vinculada con las mafias de la prostitución y la droga. Los comandantes generales de acá de Tucumán que manejan todo eso son los hermanos Ale, Rubén la Chancha Ale y Ángel el Mono Ale, que por otro lado simulaban ayudarnos, porque como tienen la empresa de remises más grande de Tucumán, el gobierno del entonces gobernador Julio Miranda, los había metido como veedores de la ciudad, yo vi un convenio firmado entre la remisería Cinco Estrellas y el gobierno de Tucumán por el cual eran veedores de la ciudad.
–¿Qué significa ser veedores? 
–Son como la policía. Al no tener la policía tantos móviles como ellos –más de 3.500 remises– los ponían a vigilar la ciudad. Entonces todo lo que yo descubría, iba y se lo decía al secretario de Seguridad, y ellos me tomaban información a mí y les avisaban a ellos, a los Ale, para que a mi hija la vayan desplazando y la hagan desaparecer. Y a la vez simulaban y ponían la foto de Marita en sus autos. Ellos tapaban todo, había jueces, fiscales, el poder político, el ex gobernador Miranda. Yo digo que por culpa de la complicidad del poder político, judicial y policial no la encontré a mi hija, por eso la hicieron desaparecer. Cuando empecé a darme cuenta de todo esto dije, no me puedo callar, porque buscando a mi hija yo iba encontrando chicas que algunas estaban secuestradas, otras estaban bajo engaño, las llevaban para ofrecerles trabajo y las tenían haciéndolas prostituirse, drogándolas, golpeándolas, cambiándoles su identidad, porque a las chicas les hacían documentos falsos. También las llevaban en un auto a sus casas y las hacían pasar por enfrente diciéndoles ya sabemos que ahí vive tu familia, mirá que le puede pasar un accidente a tu papá o a tu mamá si no hacés lo que nosotros te decimos. Esa tortura psicológica es la que usan para preparar a las víctimas. Entonces, qué iban a poder pedir ayuda o qué iban a poder escaparse si ellas, las víctimas, están viendo dentro de los prostíbulos cómo viene el policía a avisarles que ya viene un allanamiento y para decirles que limpien, que saquen lo que pueda comprometerlos. Las víctimas tienen tanto miedo que son mudas, sordas y ciegas.
 –Ustedes no tenía noción de la existencia de esta realidad…
–Yo no creía que existían esas cosas, la verdad.
–Y el tema de la trata de personas tampoco era conocido por la sociedad tucumana…
–Fue a partir del caso de Marita que se empezó a hablar de la trata. No sabíamos, los ciudadanos no sabíamos, yo no sabía que ahí adentro de esos prostíbulos no solamente están las mujeres que trabajan por su propia voluntad… en realidad, más son las chicas que las llevan en contra de su voluntad. A estos tipos lo que les interesa es ganar dinero a costillas de las mujeres, explotándolas, porque a las chicas, todas estas chicas que nosotros rescatamos, todas salieron con… ni siquiera ropa tenían. Una pobreza, ni siquiera ropa tienen. Ellas no manejan plata, las hacen trabajar, trabajar, trabajar, nunca ven un peso, tienen una comida de lo más asquerosa que te puedas imaginar, y les cobran multa si lloran, si miran, si no quieren trabajar, si no hacen la cantidad suficiente de «pases», que son los hombres que atienden, cualquier cosa, porque es el método de tortura que tienen con las víctimas.
 –El juicio por la desaparición de Marita les da, quizá por primera vez, la palabra a las víctimas, permite que aparezcan. Muchas de ellas están declarando como testigos.
–Ellas mismas, las víctimas mismas, están dando información y están esclareciendo toda la investigación que está dentro del expediente. –¿Cuántas son las personas que vieron a Marita? –Muchas chicas, lo que pasa es que algunas declararon y algunas por temor no declararon. Hay más de 20 chicas que vieron a Marita. –Las testigos dicen que tenía cicatrices, una puñalada, porque quiso escaparse… –Sí, eso le dijo a una de las chicas, que ella había sido capturada, así, con esas palabras, y que dentro de ese ambiente era sobreviviente. Si vos no hacés lo que ellos te dicen, le dijo Marita a esta chica, te van a matar, yo vi matar chicas, mirá lo que me hicieron a mí. Y mi hija se levantó la remera y le hizo ver una puñalada que le dieron, 
–Es decir que ella intentó escaparse… 
–Sí, según la información, a mi hija le han pegado muchísimo, la han castigado muchísimo, no la podían dominar.
–¿Todas las chicas habían sido llevadas a la fuerza a esos prostíbulos? 
–No todas, pero yo diría que ni siquiera las que están ahí por su propia voluntad están tan libres, porque vos fíjate, todas las chicas que trabajan en ese ambiente viven con lo justo para mantener a sus hijos, para vivir, para la comida, para la ropita, y viven en unos ranchitos que se están cayendo. Y ellas, porque también de alguna manera están presionadas por estos proxenetas, dicen que trabajan por los pases y que los tipos van con las copas. Es una mentira, porque vos fijate los proxenetas, ¿qué proxeneta pobre hay? Si tienen muchísimos prostíbulos, propiedades, camionetas 4 por 4, celulares satelitales, tienen de todo, y las mujeres siempre empobrecidas, siempre con necesidades, y viven así, por eso yo digo que ellas también son víctimas, no es que ellas han elegido hacer eso porque les encanta ser prostitutas.
–Una vez que tiene la información de que Marita fue secuestrada, ¿cómo es que empieza a meterse en el mundo de la prostitución y la trata? 
 –Porque a mí me desesperaba que mi hija esté ahí… Yo me desesperaba y me negaba a creer que eso existiera. Entonces averigüé por mi propia fuente. En un momento detienen a un policía que tenía una agenda con miles de contactos en todo el país, y ahí fue que yo me hice pasar por proxeneta, cité a una mujer diciéndole que yo quería comprar chicas. Esta mujer me citó en un prostíbulo y de ese prostíbulo me llevó a una casa que era particular y me las mostraba a las chicas como mercadería, como que yo te llevo y te digo mirá, recibí este tapado, como si fueran cosas, no personas.
–¿Y las chicas?
–Y las chicas estaban ahí, en una habitación que tenía dos cuchetas y cuatro chicas por cada habitación. Y las vendían entre 2.500 y 3.500 pesos cada una. Estaban calladas, así, con la cabeza gacha, ni siquiera se atrevían a mirarme, el mismo cuerpo de la víctima marca el estado en que están, en una situación terrible de avergonzadas, temerosas, con mucho miedo, agachan la cabeza, encogen su cuerpo, eso te marca la tortura psicológica, te das cuenta en el acto. Eran todas jóvenes, algunas menores de edad y otras mayores, de 22, 25 años.
–De todo lo que vio en los prostíbulos, ¿qué fue lo que mas le impactó? 
–Muchísima pena me dio ver a las chicas, que estén ahí, que los tipos las agarren, como ellas dicen… En un día, me contaba una chica llorando, pasaron 40 tipos por su cuerpo, ella ya no daba más y los dueños de los prostíbulos las obligaban a que se droguen para que levanten, para que sigan trabajando.
–Hay un actor que parece estar ausente en esta situación, porque se ha hablado de las víctimas, se ha hablado de los proxenetas, de los cómplices, de toda esta red mafiosa, pero no se habla de los clientes. ¿Ellos, a su modo, también son cómplices? ¿Pueden no darse cuenta de lo que sucede con las chicas en los prostíbulos? 
–Yo siempre digo que mientras siga habiendo consumidores de la prostitución, o sea clientes, van a seguir existiendo estas cosas. Yo siempre les digo a los hombres que no vayan a esos lugares a dar la plata que ganan con sacrificio para entregársela a los proxenetas para que se hagan más ricos, para que esta mafia siga creciendo. Esto es peligroso para nosotros, para la sociedad, para nuestras hijas, para nuestras familias, porque no son solamente las familias humildes, acá en la Fundación nosotros hemos recibido el año pasado muchísimas denuncias de intentos de secuestro, estos tipos no paran, entonces las ven a las chicas lindas, se fijan a dónde van, con quién andan. Hacen inteligencia, los secuestros no son casuales, no es al azar, los tipos van haciendo inteligencia, van viendo cómo viven, con quién viven, dónde trabajan los padres, qué hacen, arman conflictos con sus familias cuando se empiezan a acercar por cualquier cosa, para ofrecerles trabajo o lo que sea. Si se enteran de que la víctima está en conflicto con su familia, tratan de acercarse y armar más conflicto para alejarla, después la hacen caer en la trampa, la sacan del territorio, del lugar que conoce, y la llevan a otro lado, a un lugar lejos. Y ahí, cuando se dan cuenta, ya no pueden hacer nada.
–¿Nunca tuvo miedo? 
–A mí intentaron matarme dos veces, me quemaron mi casa, me torturaban mandándome mensajes, siguiéndola a la Micaelita, mi nieta, la hija de Marita, hostigándola, hasta el colegio. Yo la defendía, peleaba por mi hija y la protegía a mi nieta y llevaba la causa adelante, luchaba con todo, luchaba con la justicia, luchaba con la policía, con los delincuentes para que no me hagan daño a mí ni a la criatura, y mientras tanto buscaba a mi hija. Y mi marido me decía no vayas, no hagas eso, es que no todas las personas tenemos la misma fuerza. Daniel empezó a morirse cuando lo han empezado a calumniar, cuando los delincuentes, los abogados de los delincuentes, decían que mi hija se había ido de la casa porque mi marido la había violado reiteradas veces… ¡Ay, Daniel! Pobrecito, lloraba como una criatura. Cómo pueden decir eso, yo a mi hija la adoro, la adoro por sobre todas las cosas, soy capaz de dar la vida por mi hija, decía él, y lloraba. Y yo le decía, Daniel no llores, esta gente hace esto porque son mafiosos, son delincuentes, me acuerdo de que ese día que el atorrante ese dijo esto por la radio él estuvo muy mal todo el día. Al otro día a mi pobre marido le vino un infarto cerebral. No lo podía mover de la cama. Terminó en terapia intensiva con un infarto cerebral.
–Y eso pasó a raíz de estas cosas que le decían…
–Sí, desde esa vez nunca más se recuperó mi esposo, entró en un pozo depresivo, no quería tomar los remedios, no quería nada, fumaba, fumaba, fumaba, comía, era una ansiedad, empezó a engordar, se agitaba, no podía caminar, me hacía renegar mucho porque él pobrecito quería morirse, morirse, morirse… No la tenía a su hija, eso no era vida para él.
–¿Todos los que usted considera responsables están siendo juzgados? 
–Faltan doce personas más, y los que van a quedar imputados por el testimonio de las chicas. Y faltan los hermanos Ale, aunque las esposas están imputadas, ellos no.
–¿Dónde cree que está Marita hoy?
–La verdad es que yo no sé dónde está mi hija, yo a ella la busco viva, algo me dice que ella está viva. Yo me acuesto y es como una conexión que tengo con ella, como si me dijera mamá estoy aquí, seguime buscando, y yo todos los días digo Dios mío, y todas las noches cuando me acuesto digo gracias a Dios por darme esta fuerza y Dios mío ayudame a encontrar a mi hija, que vos estás viendo a dónde está ella, indicame el camino para que yo pueda sacarla de ahí a mi pobre hija. Acción 1097, primera quincena de mayo de 2012.

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Hijos de Dios

El fallo que ordena el cese de las prácticas religiosas en las escuelas públicas salteñas abrió una intensa polémica. La iglesia y el gobierno provincial defiende una ley cuestionada por padres y especialistas.


Querido Jesús, te pedimos que bendigas a nuestros directivos y maestros», recita la directora, y repiten a coro, con voces y caras de sueño, los alumnos antes de entrar a clase. La oración es lenta y monótona. Se le pide a Jesús compañía «para aprender, compartir y obedecer», para así «imitarte y ser buen hijo de Dios». La directora finaliza con un enérgico «que así sea» y alguien agrega: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», mientras los chicos hacen la señal de la cruz sobre sus guardapolvos blancos. La escena, que fue registrada por la agencia de noticias Copenoa, ocurre en la escuela Remedios de Escalada de San Martín, en el centro de la capital salteña. Pero no sólo allí: en muchas otras escuelas públicas salteñas, decenas de miles de niños rezan, leen la Biblia, bendicen el alimento, oran y se persignan al entrar a clase y al salir, a la hora de almorzar y merendar, en las aulas y fuera de ellas. Directoras y maestros inician el día de trabajo con la invocación a la divinidad cristiana, con la misma naturalidad con la que, en escuelas de otras provincias, se saluda a la bandera. Los rituales escolares se mezclan con los religiosos. El patio de la escuela se vuelve templo. Los docentes dejan de enseñar conocimientos aceptados como verdaderos por toda la comunidad, legitimados por la ciencia o los acuerdos democráticos, y transmiten a sus alumnos un dogma.


La Patria y los Santos Evangelios

En Salta, la provincia que cuenta con 162 establecimientos educativos públicos con nombres de santos, aquella que ha sido noticia, entre otras cosas, por haberle devuelto al Ministerio de Educación nacional, intactas, las cartillas con contenidos sobre educación sexual porque iban contra de la «idiosincrasia» de sus ciudadanos, la enseñanza de religión es obligatoria en las escuelas públicas. Así lo establece la Constitución y la ley de Educación Provincial, sancionada en 2008 por impulso del gobernador Juan Manuel Urtubey. El artículo 28 de la norma establece que entre los objetivos de la escuela primaria está el de «brindar enseñanza religiosa, atendiendo a la creencia de los padres y tutores, quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos».
En la práctica, el pretendido pluralismo de la ley queda reducido a una fórmula simple: se transmite el catecismo de la Iglesia Católica. «No se enseña ninguna otra religión que no sea la católica, y quienes enseñan son egresados de un instituto, que se llama monseñor Tavella y depende directamente de la Curia», señala Alejandra Glik, madre de tres alumnos de escuelas públicas. Glik forma parte del grupo de padres que presentaron un recurso de amparo contra el Estado provincial para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de Educación y de la Constitución relativos a la educación religiosa. También denuncian la «ilegalidad de las actividades de los funcionarios escolares de la Provincia que imponen la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas vulnerando los derechos constitucionales de libertad de culto, religión y creencias, derecho a la igualdad, a la educación libre de discriminación, a la intimidad y principio de reserva, libertad de conciencia y respeto a las minorías étnicas y religiosas».


Precedente

Un fallo reciente del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, Marcelo Domínguez, hizo lugar parcialmente a la demanda de los padres y dispuso que «cesen las conductas que se desarrollan en las instituciones públicas de educación primaria que imponen prácticas de la religión católica». «El juez nos sorprendió con un fallo que fue más allá de lo que nos imaginábamos, ya que prohibió todos los rituales religiosos en la escuela pública», señala Glik. «Es una sentencia que avanzó mucho –coincide Gabriela Gaspar, una de las abogadas que, junto con la Asociación por los Derechos Civiles, patrocinó a los padres en su demanda–. Dicta muchísimo precedente y afianza los principios del Estado laico, porque dice que hay que eliminar toda práctica que tenga que ver con el culto y la religión. Sin embargo, no hizo lugar a nuestro planteo de inconstitucionalidad».
El fallo, que ha sido calificado de anticatólico, carnavalesco, insólito, exótico y peregrino por los medios más conservadores de la provincia, y como «poco claro» por el gobernador Urtubey, recoge algunas de las pruebas aportadas por los denunciantes. Relata, entre otros, el caso de la Escuela René Favaloro, donde a los alumnos se les impuso como práctica obligatoria el rezo de la oración diaria y, ante el dictado de la clase de religión, los chicos no católicos deben salir del aula, pero no se les ofrece ninguna actividad curricular alternativa. Estas circunstancias, señala el magistrado, se repiten en todos los grados, pero la situación se agrava ente los niños más pequeños, que «se sienten obligados a permanecer en el aula por la autoridad que imparten los maestros».
También reproduce el caso de un niño de 12 años de la Escuela Bartolomé Mitre, de la localidad de Campo Quijano, que fue obligado a «permanecer en el aula y realizar las distintas actividades religiosas que le impartían sus docentes, pese a manifestar que no quería hacerlo, y fue calificado con baja nota». En la Escuela Dodi Araoz Usandivaras, también de Campo Quijano, una niña de 5 años, de nombre y apellido de origen aymara, fue obligada a rezar. En tanto, la escuela Juana Moro de López, de la localidad de La Caldera, no les informó a los padres que les asiste el derecho de opción sobre la concurrencia de sus hijos a la clase de religión.
Teóricamente, los padres pueden negarse a que sus hijos reciban instrucción religiosa. Así lo prevé la ley. Pero no siempre son consultados y, cuando lo son, deben hacer pública su posición ante las autoridades de la escuela. «Te hacen firmar un papelito pidiendo que declares qué religión profesás. Y la Constitución dice que nadie está obligado a declarar la religión que profesa. Hay una contradicción», dice Glik. Y cuenta qué pasa, en algunas escuelas, con los chicos no católicos durante la clase de religión. «A una de mis hijas, en primer grado, la tenían sentadita en la puerta del aula. Era tan desoladora la situación que una de sus amigas, aunque era de familia católica, les pidió a sus padres que la dejaran no asistir a la clase de religión para hacerle compañía».
No todos los chicos –ni todos los padres– tienen la capacidad para hacer oír su voz frente al coro unánime de maestras, directoras, supervisoras y funcionarios. «Coerción», define, rotundo, el fallo del juez Domínguez: «Lejos de reconocer el derecho de los padres y alumnos de decidir si éstos recibirán o no educación religiosa, la conducta de los funcionarios escolares provinciales se traduce en la práctica en la clara imposición de la instrucción coercitiva de la religión católica».
La religión no es, en Salta, un contenido que se imparta con objetividad. En realidad, ni siquiera es un contenido: es una práctica que impregna todos los aspectos de la vida escolar. «Mi hijo, en primer grado, el primer día de clases, empezó su cuaderno escribiendo “María te amo”. Yo pensé que se había enamorado de una nena. Al segundo día, el “María te amo” era “María protégeme”. Y ahí me di cuenta de que no se había enamorado de nadie», recuerda Glik. La maestra de grado de su hijo iniciaba el camino de alfabetización de sus alumnos con oraciones de amor a la Virgen.


Reacciones y reaccionarios


Aunque satisfactorio para los padres, el fallo fue apelado por ambas partes. Unos, porque reclaman que se declare la inconstitucionalidad de la enseñanza de religión y aspiran a llegar, si es necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Estado provincial, en cambio, lo hizo en defensa del «derecho» de los padres a que sus hijos reciban instrucción religiosa. El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Roberto Dib Ashur, comenzó a enviar a las escuelas una circular para notificar la resolución judicial, pero dejó la puerta abierta para la continuidad de ciertas prácticas. «El cese de prácticas se refiere específicamente a aquellas consideradas como impuestas y no a las que tradicionalmente se realizan por arraigo popular», explicó el funcionario, dejando la interpretación en manos de las autoridades de cada escuela.
Hubo también quienes llevaron a cabo una curiosa inversión que convirtió a las víctimas del trato discriminatorio en victimarios. «Tengo miedo de que este juez salga a matarnos a los que nos hacemos la señal de la cruz», dijo el concejal Aroldo Tonini, del Frente Salteño, una coalición integrada por el Partido Conservador Popular, el PRO y Unión Popular. «Ahora el juez va a prohibir 59 fiestas patronales en los 59 pueblos de Salta, es una tontería», agregó. En el mismo sentido, pero con algo más de moderación, se pronunciaron representantes de la Iglesia e, incluso, algunos funcionarios. La ministra de Derechos Humanos de la provincia, María Pace, aseguró: «No se puede con un fallo judicial ni con la letra fría de la ley ir en contra de lo que la cultura popular desea, necesita y manifiesta. Las prácticas religiosas y la adoración a la Virgen y al Señor del Milagro en nuestra provincia están radicadas en el alma de cada uno de los salteños. Este fervor es de una contundencia, de un amor y de una popularidad que realmente va más allá de un fallo judicial y de la letra fría de la ley». En tanto, el gobernador consideró que «el rezo y la conmemoración de los santos son cosas que no las determina el Gobierno, sino que son costumbres de los salteños y es una cuestión cultural».
Estos y otros funcionarios, en sintonía con obispos y sacerdotes, recurrieron a palabras y expresiones –tradición, costumbres ancestrales, identidad, alma del pueblo– emparentadas con un corpus ideológico y político que tiende a equiparar la identidad nacional con la identidad católica.
«Ninguna ley argentina indica que la educación debe ser laica», aseguró recientemente, en diálogo con Radio Salta, el sacerdote Julio Raúl Méndez, director del Profesorado de Ciencias Sagradas Monseñor Roberto J. Tavella. Y es cierto: ninguna variante de la palabra laico figura ni en la ley 1.420, que, paradójicamente, es conocida como de educación gratuita, laica y obligatoria, ni en la ley de Educación Nacional ni en la propia Constitución, cuyo artículo 2º sigue sosteniendo el «culto católico, apostólico y romano». Quienes luchan contra las prácticas religiosas en las aulas y otros espacios públicos no son los únicos que consideran que es hora de incluirla en las leyes y en los debate. Acción 1095, primera quincena de abril de 2012.

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Un hombre feliz

¿De dónde sacó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que hay que ser feliz para gobernar? ¿Qué libro de autoayuda, qué asesor de campaña lo inspira cuando afirma: «Estoy en política para que la gente sea feliz, y si yo no estoy feliz no puedo ayudar a la gente»? Lo dijo recientemente, al confirmar el embarazo de su esposa Juliana Awada y en muchas otras oportunidades similares.
En la puerilidad publicitaria del discurso de Macri, en su filosofía del felicisimo, puede advertirse la influencia de Alejandro Rozitchner, filósofo, asesor y gurú espiritual del PRO, especialista en frases hechas para provocar a la izquierda, que él desprecia y denuesta. «Algún día se van a dar cuenta de que Mauricio Macri es el prócer de esta época», «Hoy el fascismo es la izquierda», «Las personas no somos todas iguales ni valemos todas lo mismo; hay personas que valen más que otras, hay personas más capaces que otras», son algunas de sus invenciones. Pero además de esta faceta provocadora, el filósofo cultiva otra, que hace de la felicidad, el éxito individual, la vitalidad, la inventiva, el optimismo, valores supremos de toda práctica personal o política.
Sin embargo, ahora, y mal que le pese al jefe de Gobierno, nadie ha probado que exista alguna asociación entre la capacidad para gobernar y la felicidad personal. En cambio, numerosos ejemplos históricos demuestran que es posible ser inmensamente desdichado en la vida privada y, no obstante, gobernar bien, o hacer grandes cosas por la humanidad.

Acción 1.071, primera quincena de abril de 2011.
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Avatares del guardapolvo

Empiezan las clases y, como todos los años, las revistas dominicales de los diarios lo celebran con notas especiales, en general con poco contenido y mucha invitación al consumo. La «Vuelta al cole» es tema obligado de las páginas de moda, que presentan «equipos de tiempo completo para disfrutar de la clase y el recreo». Estas producciones ya son un clásico: niños más rubios y sonrientes que el promedio de los escolares argentinos, madres más delgadas y deslumbrantes, adelantan lo que va a usarse en las aulas. Pero lo extraño, lo que hace ruido en esas fotos, no son sólo las casas con jardines ni las sonrisas extra large de niños y adultos. Hay algo más: mientras el 66% de los alumnos de escuelas primarias concurre a establecimientos públicos, en las páginas con las que tres de los diarios de mayor venta en la Argentina saludan el inicio de las clases no hay ni un solo guardapolvo blanco.Hay, eso sí, pantalones grises, polleras tableadas, blazers, corbatas, jumpers y otros emblemas de escuelas privadas que, paulatinamente, se han ido imponiendo como sinónimo de educación.
Los símbolos cambian. Y esos cambios se manifiestan en todas partes. Las «blancas palomitas» que poblaban las aulas de la maestra Jacinta Pichimahuida en sus sucesivas versiones de 1966, 1974 y 1983, han mutado en las polleras escocesas y los escudos bordados de la Pretty Land School of Arts de Patito feo, el último gran éxito televisivo dirigido al público infantil, como antes habían sido los uniformes de la serie Rebelde way y su escuela, llamada Elite Way School.

Vestidos como de nieve
El guardapolvo blanco, símbolo por excelencia de la escuela pública, se fue impregnando, desde comienzos del siglo XX, de innumerables valores positivos. Representó la democratización del acceso al conocimiento, la igualdad, el compromiso con lo público. Sin embargo, su valoración social sufrió un fuerte retroceso en las últimas décadas. «Los niños de hoy, cuando ven un guardapolvo blanco, ven un uniforme de pobre, esta es la realidad», decía en su libro Violencia social-violencia escolar la psicoanalista Silvia Bleichmar. Para ella, el guardapolvo había «dejado de ser un símbolo de pertenencia para ser un símbolo de exclusión en la Argentina. Y eso es gravísimo, porque atenta contra la identidad de los niños que lo portan y hacia su perspectiva de futuro».
Al guardapolvo le pasó lo mismo que a la escuela pública, cuyo deterioro, material y simbólico, tuvo su punto culminante en la década del 90, con la reforma impulsada por el menemismo y su ley Federal de Educación. Mientras avanzaba un proceso privatizador, que pretendía dejar en manos del mercado la educación de los argentinos, se iba desdibujando el lugar de algunos símbolos que habían formado parte de la identidad colectiva. El guardapolvo blanco es uno de ellos: no sólo como emblema social, sino también como hito de la memoria personal, objeto que condensa historias, momentos, biografías. ¿Cuántas madres y cuántos padres han llorado al ver a sus hijos vestidos de blanco el primer día de primer grado? Es cierto que también se puede llorar ante un blazer y una pollera tableada, pero así como el guardapolvo tiene una fuerte connotación integradora, en el uniforme hay un matiz de distinción: funciona, sobre todo, diferenciando al que lo porta de los otros.
Hay procesos culturales, invisibles, anónimos, que, como en una foto desteñida por el tiempo, van borrando los guardapolvos blancos de las revistas y las series de televisión. Climas de época, estados del humor social, sentidos comunes. Pero también hay políticas, con nombre y apellido, que favorecen cierto estado de cosas. La reforma educativa de los 90 fue una de ellas. Pero hace apenas unas semanas, un funcionario macrista demostró que ese espíritu privatizador sigue vivo en la ciudad de Buenos Aires. «¿Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata le pagamos a los chicos una escuela privada?», preguntó Carlos Pirovano, subsecretario de Inversiones de la ciudad. Hubo una catarata de reacciones, legisladores que pidieron su renuncia y que, justificadamente, se indignaron. Pero también podría celebrarse que la falta de filtros de algunos personajes permita expresar, en toda su crudeza, ese impulso antipúblico que viene haciendo su trabajo desde hace décadas en la sociedad argentina. Un impulso del que la administración de Mauricio Macri ha dado sobradas muestras, aumentando, por ejemplo, los subsidios a la educación privada y subejecutando las partidas dedicadas a la educación pública.
El guardapolvo blanco, asegura la especialista Inés Dussel, nació como un modo de regular los cuerpos en la escuela y con claro contenido de género. «Había que sospechar del lujo y la ostentación en las mujeres porque el amor a los vestidos caros podía llevar a oficios non sanctos», señala. Más tarde se convirtió en símbolo de integración y de equidad. Fue o estuvo a punto de ser uniforme de pobre y signo de distinción social negativa. Habrá que ver si las luchas de quienes aún apuestan por la escuela pública y, sobre todo, la experiencia cotidiana de tantos estudiantes, padres y docentes, logran inaugurar un nuevo capítulo de una historia que, más que la de una prenda, es la historia de gran parte de los argentinos

Acción Nº 1.071, primera quincena de abril de 2011.

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Macri y la lógica del automovilista

El llamado «caos de tránsito» es un lugar común de la derecha, un comodín que suele sacarse de la manga cuando ya no hay, o cuando nunca hubo, argumentos. Sus usos son múltiples: sirve para vaciar de contenido los reclamos sociales, para convertir una protesta legítima en la «pesadilla» del ciudadano promedio, para tapar, con la repetición gritona de la queja, las voces de los que salen a la calle. Allí donde hay personas con necesidades y reclamos, sectores sociales que intentan hacerse ver y escuchar, los medios del establishment sólo ven caos, demoras en la avenida 9 de julio, complicaciones en el micro y macrocentro.Pero la retórica del caos no es patrimonio exclusivo de los medios. También suele recurrir a ella el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos aires, Mauricio Macri. Lo hizo para justificar su oposición a los festejos el Bicentenario en la avenida 9 de Julio -«El resultado va a ser un trastorno de tránsito muy grande», analizó- y, más recientemente, cuando decidió negar la autorización para la realización de Tecnópolis, la megamuestra sobre ciencia y tecnología con la que el Gobierno Nacional planeaba cerrar los festejos del Bicentenario. «No creemos que sea posible organizar esta muestra en la avenida Figueroa Alcorta, porque le estamos complicando la vida a una parte importantísima de la ciudad de Buenos Aires», dijo Macri.
El Jefe de Gobierno suele incurrir en este tipo de simplificaciones. Identificar al ciudadano, al porteño, a la propia ciudad de Buenos aires, con el automovilista, es, para él, casi una definición de principios. El mundo según Macri es un mundo visto desde el asiento del conductor, confortable, con aire acondicionado y GPS, pero de baja tolerancia a las manifestaciones callejeras y a los embotellamientos.
Obviamente, los problemas de tránsito existen y deben ser convenientemente abordados. Pero Macri está hablando de otra cosa. Sus planteos no están destinados a solucionar el «caos vehicular» porteño, en primer lugar porque son generalizaciones que se asemejan más a un comentario de ascensor que a un diagnóstico bien fundamentado y, en segundo, porque es imposible resolver el problema del tránsito en la ciudad desde el punto de vista del automovilista individual, sin modernizar y ampliar el sistema de transporte público, especialmente el subterráneo.
La lógica del automovilista es una lógica individualista. En un auto, se viaja solo o, a lo sumo, con la familia. El auto es el hábitat por excelencia del individuo neoliberal, un emblema de la privatización de la que fue objeto la vida de las personas y de las ciudades en las últimas décadas, en la Argentina y en el mundo. En efecto, a partir de los años 90, los espacios urbanos han ido sufriendo importantes modificaciones. El éxodo de las elites a los barrios cerrados de los suburbios, el surgimiento de nuevos centros de entretenimiento y negocios, la ruptura del paisaje tradicional de la ciudad con la aparición de las llamadas «torres country», edificios semejantes a pequeñas ciudades amuralladas con todo tipo de servicios– han reducido la vida urbana de ciertos grupos sociales a un viaje en automóvil de un estacionamiento a otro: del garaje de la torre al de la oficina, de la puerta de la escuela (privada) al parking del shopping. En este contexto, el auto se hace cada vez más necesario para unir los fragmentos urbanos, debidamente vallados, que van surgiendo en los barrios y en la periferia
Pero los autos, dice el urbanista español Roberto Goycoolea Prado, son enemigos de la ciudad entendida como espacio de socialización. «Donde hay muchos coches, no se puede reunir gente», señala. La lógica del automovilista es contradictoria con otras lógicas urbanas: la de la convivencia y el encuentro con el otro, la de los grupos sociales que ejercen su derecho a expresarse o a reclamar ante las autoridades. En este peculiar sentido de la palabra ciudad, entendida como el lugar de lo público, Mauricio Macri profesa una ideología marcadamente antiurbana. Por eso, quizá no haya sido casualidad que la fiesta de casamiento del jefe de Gobierno con la empresaria Juliana Awada se haya celebrado en el campo. Lejos de la ciudad, sus voces y sus ruidos. Lejos del caos del tránsito.

Revista Acción, Nº 1.063. Primera quincena de diciembre de 2010.

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El espíritu de Doña Rosa II

Es su mantra, su contraseña, su salvoconducto a la impunidad. «Yo digo lo que dice la gente, lo que dice la calle», suele asegurar Mirtha Legrand, y la frase funciona como un aviso: la diva está por sucumbir a uno de sus ya clásicos episodios de incontinencia verbal. Que se viene el zurdaje, que los niños adoptados por homosexuales corren el riesgo de ser violados por sus padres, que los pobres no piensan.Esta vez, el tema fue el sepelio de Néstor Kirchner. «Yo digo lo que dice la gente, que el cadáver no estaba en el cajón, lo habrán escuchado, el cadáver no estaba». Habían pasado apenas dos días del entierro del ex presidente y fue la señora Legrand quien se encargó de calificar a su propio comentario: «Es desagradable hablar de una persona que ha desaparecido así, pero esto es televisión», advirtió, sin que se entendiera bien la relación entre una cosa y la otra.

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Juventudes hitlerianas

Las multitudes en la calle suelen alterar algunos ánimos, sobre todo cuando esas multitudes son jóvenes y portan banderas y consignas no del todo amables hacia el establishment y sus representantes. Una buena prueba de ello la dio el periodista y abogado Mariano Grondona, quien en su programa Hora Clave del domingo 31 de octubre, en Canal 26, dio a conocer un peculiar «análisis» de la masiva afluencia de jóvenes al sepelio del ex presidente Néstor Kirchner.Según Grondona, «lo que mostró el velorio es que hay muchos jóvenes que se han enrolado en La Cámpora y en agrupaciones similares, casi fanatizados por una prédica». Acto seguido, el veterano columnista del diario La Nación comparó esta circunstancia con «la que se daba en situaciones prerrevolucionarias, por ejemplo, en la Alemania de los años 20, una república perfecta en la que Hitler estaba montando unos miles de fanáticos, o Mussolini en Italia, o el Partido Comunista en la Rusia antes de la revolución soviética». Resumiendo, dijo Grondona, como si lanzara una advertencia, en la Argentina hay un peligro: ese «conjunto importante, pero tremendamente fanatizado». Esos chicos de ojos llenos de lágrimas que fueron a la Plaza de Mayo con flores, banderas y velas a despedirse del ex presidente no serían, según el periodista, más que un remedo de las juventudes hitlerianas.

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Usos de la muerte

Entre los múltiples intentos por sacar réditos políticos de la muerte del joven militante Mariano Ferreyra, el del periodista de Clarín Eduardo Van Der Kooy supera el promedio del cinismo nacional. Y lo hace, sobre todo, porque pretende responsabilizar del crimen al Gobierno Nacional desde las páginas del mismo diario que, en junio de 2002, con el vergonzoso título de «La crisis causó dos nuevas muertes», pretendió diluir las clarísimas responsabilidades del asesinato, a manos de la Policía Bonaerense, de los piqueteros Maximiano Kosteki y Darío Santillán. Si entonces sobraban las pruebas que incriminaban al comisario Alfredo Franchiotti –y muchas de ellas, como las 240 fotografías tomadas por el reportero gráfico Pepe Mateos, estaban en la mismísima redacción de Clarín– hoy, como el propio Van Der Kooy admite, no existe «ninguna prueba de que el Gobierno haya tenido algún vínculo –directo o indirecto– con la reyerta sindical entre facciones antagónicas del gremio ferroviario que concluyó con un militante muerto». Sin embargo, el periodista asegura que la muerte de Ferreyra fue «un desenlace esperable» en el «perceptible clima de encierro y violencia latente que caracteriza a la Argentina, en especial, desde que el kirchnerismo cayó derrotado en las elecciones legislativas del 2009». Este clima, agrega, va dejando «residuales de pólvora que cualquier fricción se transformaría en explosión y fuego». «La Presidenta y el ex presidente tal vez, no tengan cabal conciencia de la infinidad de potenciales reacciones, concientes o inconcientes, que desatan cada uno de sus actos y sus palabras». Más bien, agrega, para que no queden dudas de lo que quiere decir, «podría pensarse que cada uno de aquellos actos y palabras buscarían, en efecto, provocar lo que provocan».
Las comparaciones, dicen, suelen ser odiosas. Pero, en este caso, resultan, también, sumamente ilustrativas. .

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Perfil y el Apocalipsis

Hace tiempo que el diario Perfil viene anunciando el Apocalipsis. En la columna del periodista José Eliaschev, una prosa forzadamente compleja está puesta al servicio de una idea bastante simple: el país camina inexorablemente hacia la decadencia.En sus notas abundan, entre otras cosas, las generalizaciones injustificadas. Ya se sabe que Eliaschev acusa al Gobierno de todo tipo de infamias, pero no explica por qué éstas deberían hacerse extensivas a toda la sociedad. Sus temas son siempre grandes y «la Argentina» es su objeto privilegiado de análisis. Y esa Argentina, diagnostica, «padece de proverbiales excesos emocionales», «un estado de ira sacralizado», «una notable compulsión al atraso». Nuestro país, continúa,«respira con una sospechosa y absurda taquicardia», «parece un organismo híper medicado y turbulento» y padece «una debilidad emocional reveladora de una poderosa inmadurez colectiva».
Abruma no sólo la redundancia, sino también el tono acusatorio, aristocrático y hasta racista con el que se condena a la plebe y su «lenguaje anoréxico» o a la televisión y su «deleite insaciable por lo subalterno». Principal y subalterno, alto y bajo, culto y vulgar, son categorías que aparecen una y otra vez en las columnas semanales de Eliaschev, y constituyen los criterios según los cuales se ordena el mundo desde esta página del diario Perfil. Abajo está la plebe, el Gobierno, la televisión, todo lo malo que le pasa a este país. Arriba, muy arriba, el autor, diagnosticador de patologías sociales, adjetivador incontinente y especialista en verdades con mayúscula. M. G.
Acción Nº 1058, segunda quincena de setiembre de 2010.

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Libertad, igualdad, diversidad

Revista Acción Nº1055, primera quincena de agosto de 2010.

Hace mucho tiempo que un hecho político no se festeja con lágrimas. Hay que buscar y rebuscar en los archivos y en la memoria para recordar un acontecimiento que haya sido deseado con tanta pasión y celebrado con tanta alegría como la modificación al Código Civil que universalizó en la Argentina el derecho al matrimonio. Fue una fiesta lo que ocurrió dentro y fuera del Congreso en la fría madrugada del 15 de julio, pero lo que se celebraba no era el matrimonio, sino la igualdad. . «Se cumplió un sueño –dice María Rachid– presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans–. Hoy todos somos más felices». Su lucha y la de muchos otros hombres y mujeres no sólo consiguió un notable avance en materia de derechos e igualdad jurídica. Logró, además, poner un nexo en palabras e ideas que no suelen estar juntas: política y felicidad, leyes y sueños, derechos y sexualidad.
En la carpa que la Comunidad Homosexual Argentina montó frente al Congreso, en el escenario que compartieron militantes, artistas y funcionarios, en los bares, en las calles, en la plaza sembrada de banderas de colores, miles de personas siguieron el debate que se desarrollaba en la Cámara de Senadores. Acompañaron con gritos y comentarios los discursos más conservadores y aplaudieron las intervenciones de quienes votaron a favor. «Ese es uno de los nuestros», gritaron los de la CHA cuando escucharon una alusión a Aristóteles mencionada por el senador salteño Pérez Alsina, quien recurrió a Kant, a Lenin y hasta a Oscar Wilde para justificar su voto negativo. «Este es un gobierno revolucionario», opinó un chico de peinado moderno mientras hablaba el senador porteño Daniel Filmus.
«Si Dios odia a los gays, ¿por qué los hizo tan lindos?», «Satanás, Satanás, sacate la sotana», «El mismo amor, los mismos derechos», «Ni machos ni fachos», decían los carteles de los militantes por la diversidad sexual, mientras la agrupación Putos Peronistas mostraba orgullosa su bandera celeste –«Tortas, travestis trans y putos del pueblo»– y entonaba su estrofa preferida de la marcha: «para que reine en el pueblo el amor y la igualdad». Por allí andaban también José María Di Bello y Axel Freire, los primeros gays que lograron casarse gracias a un recurso judicial; funcionarios como el ministro de Economía, Amado Bodou; el titular del Inadi, Claudio Morgado; artistas, madres de Plaza de Mayo, militantes de partidos políticos y organizaciones sociales.
Ya habían pasado, con sus rosarios, los rezadores y su interminable repetición del Ave María para exorcizar ese edificio de cúpula verde que estaba siendo escenario –según la versión del cardenal Jorge Bergoglio– de una venganza del demonio. «No se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios», había señalado el arzobispo de Buenos Aires en un carta a las carmelitas descalzas.
Bergoglio fue una de las caras más visibles de los cruzados de la heteronormatividad, tal la palabra que habrá que ir aprendiendo para describir sociedades en las que la heterosexualidad es considerada la única forma legítima de sexualidad, amor y familia. Así como los movimientos de mujeres denunciaron y denuncian las inequidades de la sociedad patriarcal, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales hacen visibles otras injusticias. Y alimentan con sus luchas el impulso igualitario que dio origen a las primeras revoluciones democráticas.
Fue el senador Miguen Angel Pichetto quien recordó la importancia simbólica de la fecha en que se llevó a cabo el debate. El 14 de julio, señaló, fue «la primera revolución laica en el mundo; que plantea el principio de igualdad, libertad, fraternidad. El 14 de julio se tomó la Bastilla y la gente, con las manos, la destruyó piedra por piedra, ladrillo por ladrillo. El rey, que estaba dedicado a la caza, le pregunta a un ayuda de cámara: “¿Es una rebelión?” Y el ayuda de cámara le dice: “Me parece que ha empezado una revolución”».

Mamá y papá

«Que hagan lo que quieran con sus vidas, pero que no se casen», se oyó repetir, una y otra vez, en boca de curas, senadores, diputados y señoras y señores bien que, con banderas color naranja, se manifestaron frente al Congreso en nombre –dijeron– de los niños y en defensa de la familia «con mamá y papá». Organizada por el departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas y la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal, la marcha convocó sobre todo a gente de clase media y grupos de alumnos de colegios religiosos a quienes no se les computaron las faltas del día de la movilización y el siguiente. «Ni unión ni adopción: varón y mujer»¸ «salvemos a la familia», «queremos mamá y papá», fueron algunas de las consignas de una convocatoria que no logró oponer más que prejuicios y dogmas a los argumentos de quienes defendían la igualdad de los homosexuales.
En el escenario que se instaló frente al Congreso, Rubén Proietti, presidente de ACIERA, demostraba que, como el ayuda de cámara del rey de Francia, había entendido bastante bien lo que estaba pasando. «Se está escribiendo la historia y no podemos pasar por alto un cambio social y cultural tan agresivo como el que una minoría preten de imponer», señaló el pastor. Y es probable que sus adversarios, los militantes por la diversidad sexual, suscribieran la mayoría de sus palabras. Se estaba escribiendo la historia, se estaba gestando un profundo cambio social y cultural. Y ese cambio, como muchos otros, estaba siendo impulsado por una minoría. Pero en unos despertaba esperanza y en otros, miedo.
En efecto, el miedo fue, o intentó ser, el gran argumento contra la igualdad. Y, dentro y fuera del recinto, se impuso entre los opositores de la ley un tono decididamente apocalíptico. Se avecinaba, al parecer, el fin de todo: de la familia, de la moral, del amor filial, de las tradiciones y de la especie humana en su conjunto. Pero no era la primera vez que la Argentina estaba en las vísperas del fin del mundo. Predicciones como éstas fueron realizadas en muchas otras ocasiones históricas, ante avances semejantes en materia de derechos civiles. A fines del siglo XIX, por ejemplo, el diputado Francisco Uriburu aseguraba que el sufragio femenino iba a fomentar la disolución de la familia. Leopoldo Lugones decía en 1937, sobre el mismo tema, que el voto de las mujeres, «como toda violencia arbitraria en las costumbres, resultaría un elemento de corrupción». Del mismo modo, la ley del matrimonio civil traería la sustitución del amor conyugal por el interés y la desaparición del cariño filial y la dignidad de la mujer. «La familia deja de existir», vaticinaba al respecto, en 1888 el senador Manuel Pizarro. Casi un siglo después, el diputado bonaerense Alberto Medina alertaba sobre el peligro de aprobar el proyecto de ley de divorcio: «Existe un auge de elementos sociales negativos que atacan y vapulean las células básicas de la sociedad, como la familia», decía.
En esa misma línea se inscriben los argumentos de quienes, desde ámbitos políticos y religiosos, lucharon contra la universalización del derecho al matrimonio: «Están en juego la identidad y la supervivencia de la familia: papá, mamá e hijos», dijo Bergoglio, y sus aliados en el Congreso le dieron la razón al votar contra «un texto legislativo nocivo del bien común, de la sociedad y de la familia», como lo calificó el diputado bonaerense Julio Ledesma
Pero la biotecnología y las técnicas de reproducción asistida sumaron nuevos temas al viejo repertorio de miedos conservadores. Para la senadora Liliana Teresita Negre de Alonso, el proyecto generará «vacíos legales» que podrían «abrir la puerta al comercio ilegal de óvulos, espermas y de vientres».
Defensora de Cecilia Pando, integrante del Opus Dei, enemiga de la educación sexual y titular de la comisión de Legislación General gracias a las maniobras del llamado grupo A contra el oficialismo, Negre de Alonso fue una de las estrellas de la sesión del Senado. Lloró, lució un llamativo trajecito fucsia, intentó victimizarse y confesó, en un discurso cargado de prejuicios, que su principal preocupación consistía en «qué va a ser la educación sexual a partir de ahora. Porque ahora no hay una sola sexualidad. Ahora vamos a tener que enseñarles también a nuestros niños qué es el lesbianismo, qué es gay, qué es bisexual, qué es transexual». La representante de San Luis también se mostró preocupada por un manual del Ministerio de Educación donde «figuran un niño y una niña desnudos y cositos para ir aplicándoles en cada uno, depende de cómo uno quiere construir el sexo, la construcción sexual».
Pero si los cositos son malos, peor es el tráfico de niños: «Van a venir a llevarse a nuestros chicos», advirtió la senadora Hilda González de Duhalde, tras argumentar –por así decirlo–, que «los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual no tienen chicos para adoptar; nosotros sí». En sentido similar se expresó el misionero Luis Alberto Viana, preocupado por los niños de su provincia, «lindos y rubios». Según el senador, existe el riesgo de que «esto» se transforme «en un comercio de chicos, como ocurre lamentablemente en Misiones, donde van a comprar chicos porque les salen entre 20.000 y 50.000 pesos». Lo que no aclaró el senador, ni la señora Duhalde ni nadie, es cuál sería el nexo entre la ley de matrimonio para todos y el tráfico de niños.
Entre otras ignorancias, algunos senadores demostraron desconocer la legislación vigente, ya que ninguna ley prohíbe que los homosexuales adopten niños o procreen y, de hecho, son muchas las parejas de lesbianas que han tenido hijos por fertilización asistida. «No estamos discutiendo el tema de la adopción –dijo al respecto el senador Filmus–. De hecho, ya pueden adoptar. Si se aprueba el proyecto de unión civil, se estaría impidiendo que esos chicos tengan la protección de los dos padres o de las dos madres». Por eso, intervenciones como la del senador chaqueño Darío Biancalani carecieron no sólo de fundamento científico, sino también de pertinencia. El senador instó a tener en cuenta «los derechos del niño (adoptado) a tener un papá y una mamá. Ese chico ya tiene una carga psicológica grande al no tener papá ni mamá, y ahora –además– se va a encontrar, al ser adoptado, con dos papás o dos mamás».
Al respecto, un grupo de 500 científicos del Conicet dio a conocer, poco antes del tratamiento del proyecto de ley, un documento en el que aseguran que, según los estudios realizados en las últimas décadas, el hecho de crecer en familias homoparentales no tiene consecuencias nocivas para los niños. «Los hallazgos demuestran que las variables fundamentales del desarrollo de la personalidad pasan por otro lado: por la contención y el afecto, por el ambiente en el hogar, por el respeto y la responsabilidad», señala el informe.
Y eso es lo que demuestran también día a día, en su vida cotidiana, las familias, que, cada vez más, se caracterizan, en la Argentina y en el mundo, por la diversidad. Familias monoparentales, homoparentales, ampliadas, ensambladas, transnacionales, familias con hijos que son producto de técnicas de reproducción asistida, con hijos adoptados, con padres divorciados y vueltos a casar. Tal como señaló el senador Eric Calcagno y Maillman, «las nociones de familia, desde la publicación de Las estructuras elementales del parentesco, de Levi Strauss –hay, por lo menos, 156−, son variadas y diversas según los tiempos, las culturas y los espacios. A veces, incluso en un mismo espacio, cuando pasa el tiempo, cambian esas formas».
Por su parte, la fueguina Rosa Díaz apuntó, con lucidez, a las verdaderas raíces del miedo y de los discursos apocalípticos. Para quienes se oponen a la ley, dijo, el verdadero peligro es «el deseo ajeno». «Se oponen al placer, a la anticoncepción, al aborto, al lesbianismo, a la homosexualidad, al travestismo, a transgeneridad, a la autonomía personal, a la diversidad humana, a la libertad de expresión. Fomentan la discriminación, la agresión que pesa sobre lesbianas, travestis, transgéneros, transexuales, gays y que muchas veces nos cuesta la vida. No hay libertad posible cuando el Estado y los sectores de poder controlan aspectos tan elementales de las personas». Y su colega neuquino Marcelo Fuentes pidió lo imposible: «Simplemente tengamos el coraje de despojarnos de las hipocresías que básicamente encierran nuestros propios temores sobre esa elección sexual».
Al día siguiente de la aprobación de la ley, la jueza de paz de General Pico, Marta Covella, aseguró que no estaba dispuesta a casar a parejas homosexuales . «Dios no aprueba las cosas malas», aseguró. En el mismo sentido se pronunció Alberto Arias, jefe del Registro Civil de Concordia, Entre Ríos, quien realizó una presentación de objeción de conciencia para que se lo excuse de intervenir en estos matrimonios.
Que el amor, cuando no acata determinados mandatos, es una «cosa mala» no es novedad para la jerarquía eclesiástica y sus adeptos. La Congregación para la Doctrina de la Fe, órgano encargado de custodiar la doctrina de la Iglesia, lo ha explicado en más de una oportunidad. La homosexualidad, dice en la Carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, es «una tendencia hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada».

Porque sí

«Es así porque es así». Esa fue la respuesta que dio la mayoría de los asistentes a la marcha contra la igualdad a los que Acción les preguntó por qué el matrimonio sólo puede estar constituido por un varón y una mujer. «Porque lo dice Dios», se arriesgó un muchacho de Pergamino. Exactamente lo mismo que le había respondido el diputado Olmedo cuando, en el canal C5N, María Rachid le preguntó: «¿quién define lo que es natural?».
–¿Y qué pasa con quienes no creen en Dios? –insiste Acción en la Plaza Congreso.
–Y, no sé –responde el joven de Pergamino–; es problema de ellos.
«Ellos»: el pronombre de tercera persona del plural sobrevoló toda la discusión sobre el matrimonio igualitario con un claro tono discriminatorio. Ellos, los que pecan, los que no pueden procrear, los que no podrán realizarse ni ser felices, los que desafían a Dios, al derecho natural, a la ley y a las probabilidades estadísticas. Mientras los sectores conservadores de la sociedad se afanan por marcar con un trazo cada vez más grueso la línea que separa su «nosotros» de su «ellos», los movimientos lgBT han comenzado a hacerla estallar en pedazos.
La plaza de los cruzados naranjas fue una plaza pequeña, excluyente. Basta un breve diálogo con las señoras abrigadas con tapados de piel, con los elegantes señores, con las chicas de cortísima pollera tableada de colegio confesional subsidiado con dineros públicos, para advertir que, para la gran mayoría de ellos, el mundo termina donde terminan sus narices. No es nada nuevo ni son los únicos; es algo que suele suceder. Mientras gran parte de la humanidad se dedica a mirarse el ombligo, hay minorías que, al luchar por sus derechos, se encargan de mostrarles que hay otras cosas más allá. A esas minorías, las mayorías deberían agradecerles. Porque las ayudan a ver mejor y a ampliar los límites de lo posible.



MARÍA RACHID

«Va a cambiar la vida cotidiana»

Cansada, feliz, emocionada, María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) y una de las principales referentes de la lucha del movimiento por la diversidad sexual, dice que la sanción de la ley fue «como un sueño que se hace realidad. Por más que supiéramos que se iba a convertir en ley, el momento de escuchar “33 a 27”, fue una gran emoción».
–¿Te imaginabas que el tema iba a tener tanta repercusión?
–Sí, de lo que no estábamos seguros era de que realmente se iba a aprobar. En realidad, el tema del matrimonio ya era una realidad en la Argentina. De los siete jueces de la Corte Suprema, seis ya habían firmado a favor del matrimonio para todos y para todas y había ya nueve matrimonios logrados. Por lo tanto, ya sabíamos que esto era una realidad dentro de la sociedad argentina. Pensábamos que era muy posible que se aprobara la ley, pero no estábamos convencidos de que así iba a ser. De hecho, hasta las tres y pico de la mañana hubo marchas y contramarchas, propuestas de modificaciones, etcétera. que nos mantuvieron hasta el último momento con cierta incertidumbre. Cuando nos enteramos de la aprobación, lloramos todo. Primero, por el alivio que traía ese reconocimiento de la igualdad y segundo, por lo que va a implicar para tantas familias y para tantas personas.
–¿De qué manera esta igualdad jurídica se traduce en igualdad social?
–Después de la sanción de la ley, nosotros teníamos el Congreso Nacional de la Federación y el Encuentro Nacional de la Juventud. Y fue muy emocionante, porque había un montón de jóvenes que relataban cómo en esos días habían llamado sus padres –padres con los que quizá no habían hablado o que habían reaccionado mal cuando se enteraron de que sus hijos eran gays o lesbianas– para felicitarlos y para decirles que estaban muy contentos con la ley. Por lo tanto, en la vida de esas familias, la ley ayudó mucho, ayudó a esos padres a comprender mejor a sus hijos. Y creo que, del mismo modo, va a ayudar a un montón de personas a entender y a celebrar las diferencias. Va a cambiar la vida cotidiana de muchos y va a hacer que mucha gente pueda acceder a la felicidad.
–¿Sufriste algún tipo de agresión por parte de quienes se oponían a la ley?
–En las audiencias públicas, que estaban organizadas por el Opus Dei, la Asociación de Iglesias Católicas y por la senadora Negre de Alonso, se presentaban grupos de gente a decirnos barbaridades. Nos han dicho que somos una porquería, lacras, delincuentes, personas con tendencia al suicidio, al incesto. Esas fueron las palabras textuales y literales. Y están las versiones taquigráficas para comprobarlo. Ahora bien, respecto de la gente en la calle, en el supermercado o en cualquier lado donde vamos, no hacen más que felicitarnos y darnos su apoyo.
–¿Cuáles son los reclamos y las luchas que vienen ahora?
–Tenemos una urgencia y una prioridad muy importante respecto de las personas trans. Estas personas tienen un promedio de vida, en Argentina, de 35 años, producto de la discriminación, de la extrema marginación y de la exclusión en la que viven. Las personas trans deben ser una prioridad en lo que tiene que ver con las políticas públicas y con leyes que sirvan de herramienta para revertir esta situación. Por ejemplo, la ley de Identidad de Género. Por medio de esta ley, ellos van a poder cambiar sus datos registrales, esto es, sus documentos, sus partidas de nacimiento, los padrones electorales, porque el reconocimiento de su identidad va a ayudar a luchar contra la discriminación.


Juan Marco Vaggione*

Toda sexualidad es política

–¿Qué representa para la sociedad argentina la sanción de la llamada ley de matrimonio igualitario?
–Por un lado, genera una serie de derechos para personas que estaban desprotegidas por el sistema legal vigente, tanto en sus roles de parejas como en el de padres y madres. En este sentido, es un paso más en la democratización de las relaciones interpersonales, otorgando derechos a un sector de la población que estaba en los márgenes de la legalidad. Por otro lado, la ley también debe ser pensada como una etapa más en la construcción de sexualidades más libres y diversas. El significado de la sexualidad ha ido cambiando a través del tiempo y si en algún momento sólo se legitimaba las relaciones sexuales con potencialidad reproductiva dentro del matrimonio (posición que aun defiende la jerarquía católica), en la actualidad se van reconociendo cada vez más otras dimensiones importantes como el placer, la autonomía, la voluntad, la comunicación, etcétera.
–¿Por qué la Iglesia y los sectores conservadores están tan preocupados por la sexualidad de las personas?
–Frente a un mundo más diverso y plural, algunas tradiciones religiosas han tomado una postura más rígida, defendiendo una moral sexual conservadora. La jerarquía del Vaticano, encabezada por los dos últimos Papas, es un claro ejemplo. Frente al creciente rol del feminismo y del movimiento por la diversidad sexual, la jerarquía católica ha dogmatizado aún más su postura, transformando la defensa de una concepción tradicional de la sexualidad en una prioridad política. La jerarquía de la iglesia y los sectores conservadores tienen claro que el control de la sexualidad, así como la definición de que se entiende por familia, es una forma importante de ejercicio de poder social y esto es precisamente lo que sienten amenazado cuando se discuten leyes como ésta.
–¿Cree que la mayoría de los católicos argentinos comparte la visión tradicional de la Iglesia católica sobre la familia, el amor, la sexualidad?
–Uno de los cambios culturales más importantes ha sido, precisamente, la forma en que los y las católicas han modificado su forma de creer. Si uno se fija en encuestas de distintos países de Latinoamérica, puede observar cómo los y las creyentes articulan su identidad religiosa con una postura favorable hacia los derechos sexuales y reproductivos en general, como los anticonceptivos, la educación sexual, la despenalización del aborto o el reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo. Esto también pasa a nivel de los líderes religiosos y se hizo evidente en las declaraciones de algunos sacerdotes apoyando la reforma legal. No son manifestaciones aisladas y excepcionales, sino que son la parte más visible de un movimiento que recorre el interior de la comunidad católica.
–¿En qué medida la sanción de esta ley ha sido fruto de la lucha del movimiento LGBT y cuánto ha influido el presunto enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la jerarquía eclesiástica?
–No tengo dudas de que cambios legales como éstos son principalmente resultado del esfuerzo sistemático, continuo, valiente, del movimiento LGBT y su más de cuatro décadas, con discontinuidades, de politizar la sexualidad. Por supuesto que los distintos momentos históricos presentan diferentes oportunidades políticas. Los 90 fueron un momento de cierre, de clausura para los derechos sexuales y reproductivos en general. Durante los últimos años, sin embargo, se han abierto nuevas posibilidades. Y, más allá de las especificidades y de los intereses particulares, la democratización de la sexualidad implica enfrentamientos y oposiciones del poder político con el poder religioso. Para que una ley como la de matrimonio para personas del mismo sexo sea aprobada se requiere, además de una sociedad civil que empuje la agenda, de líderes políticos que estén dispuestos a confrontar con una jerarquía católica que, sin dudas, intentará de diversas formas, como lo vimos en Argentina, evitarla.

*Profesor adjunto de Sociología en la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET.

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El espíritu de Doña Rosa

Nunca cometerá el desliz de ser fotografiada sin maquillaje ni permitirá que la cámara tome su perfil en un ángulo inconveniente. Jamás dejará que se sepa su edad o que trascienda el número de cirugías que ha soportado su epidermis. Pero hay otros deslices que le importan poco y nada. . Es que, para la señora Rosa María Juana Martínez Suárez de Tinayre, más conocida como Mirtha Legrand, la palabra es lo de menos. El público, al que ella se debe, ya sabe, o debería saber, que bajo los vestidos color rosa y los brillitos, bajo el spray y maquillaje, hay una mujer. Y esa mujer es cada vez más reaccionaria. Su vasta trayectoria tiene hitos bien conocidos: desde aquella vez que retó a Cecilia Rossetto por ser «demasiado politizada, muy de izquierda, querida, demasiado» hasta el maltrato a sus asistentes y la descarada confesión de su antipatía por ciertos sectores sociales. «La gente educada, la gente culta, la gente evolucionada, piensa. La gente que tiene hambre no puede pensar», le dijo hace no mucho tiempo a Antonio Cafiero. Tras la reciente reapertura del Colón, en una gala hecha a su medida, frívola e insustancial, volvió a aflorar, sin censura, el espíritu de doña Rosa, que así se llama la señora Legrand. En efecto, para Rosa María Juana, todo estuvo muy lindo. «Había vallas, la gente no molestaba», aseguró la diva, que tras su paso por el Colón logró que Mauricio Macri le prestara el teatro para transmitir desde allí su programa.

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El Bicentenario según José Eliaschev

Los festejos del Bicentenario también tuvieron sus críticos. Escasas, solemnes, sus voces sonaron como gritos desafinados en el coro más o menos unánime de apoyo a las celebraciones.En la lista de disidentes, el primer lugar, por la violencia y el tono francamente racista de sus palabras, se encuentra el periodista José Eliaschev. El 22 de mayo, en su habitual columna del diario Perfil, Eliaschev describe una ciudad decadente, mezcla de la oscura Los Angeles de Blade Runner y la Buenos Aires aristocrática amenazada por el «aluvión zoológico» de 1945. Allí, en la ciudad del Bicentenario, «pompas acosadoras», «estruendos hirientes», un «patrioterismo banderillero», el «desorden», un «populismo primitivo y rutilante», la «prepotente y grosera exhibición nacionalista» convoca a «gentes» –en peyorativo plural– que «rozan o chocan sus cuerpos, enajenados y miran sin ver nada». Ellos, los que recorren las calles porteñas, son «mutantes», «buscas», «merodeadores de todo pelaje», «alelados», «gente desorientada» y, nuevamente, «mutantes». Lo dice dos veces Eliaschev, por si a alguien no le hubiera quedado claro.

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Esteban y el Bicentenario

Es Bullrich, pero se hace llamar Esteban. Es amigo de Mauricio y de Gabriela y sobrino de Patricia, que también es Bullrich. Escribe «utilicen» con zeta, entre otras incorrecciones que pueden leerse en su página web, pero ni su ortografía ni su gramática le han impedido convertirse en ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires. De su currículum vitae pueden extraerse, al menos, dos conclusiones: la primera, que quien rige los destinos de los 1.626 establecimientos educativos públicos de la ciudad de Buenos Aires se formó en instituciones privadas (desde el nivel primario hasta el posgrado). La segunda, que quien rige los destinos de la educación porteña se formó para administrar empresas.
El último capítulo de su breve pero fructífera historia de desavenencias con la educación pública fue la decisión de no publicar un manual con materiales sobre el Bicentenario para la escuela media, fruto del trabajo de 18 meses de historiadores de la Dirección General de Currícula y Enseñanza, que ya había sido aprobado por la gestión del ministro anterior, Mariano Narodowski. Los docentes porteños, movilizados contra la censura, aseguran que detrás de la decisión está el veto de la Iglesia Católica y de otros sectores conservadores. «Como ministro de Educación, no puedo permitir que se publiquen materiales con alguna tendencia ideológica», escribió el funcionario en su sitio www.estebanbullrich.com. Allí, gracias a los oficios de algún asesor menos iletrado, los errores de ortografía del ministro han sido corregidos. Los otros, los errores políticos y pedagógicos, serán, seguramente, más difíciles de enmendar.

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Delta S.A.

Donde había un arroyo, hay dragas. Donde había sauces, hay barro contaminado. Donde había ranchos, hay un terraplén. Las máquinas –retroexcavadoras anfibias, palas mecánicas, tractores– recorren las islas como lentos animales prehistóricos. Parece, esta tierra, una tierra deshabitada. Las islas del Bajo Delta, en el último tramo del Paraná, fueron alguna vez un paraíso. Dicen algunos que volverán a ser serlo, pero de otro tipo: un paraíso diseñado en los 90, que tiene como modelo a Miami y como guardianes, a agentes de seguridad privada.
Bienvenidos a los barrios privados del Delta: verde artificial implantado sobre las ruinas del verde nativo, lotes de mil metros cuadrados con amarra propia, islas amuralladas y hasta un transbordador para que nadie renuncie, ni siquiera en las islas, a su derecho al coche propio. El Bajo Delta del río Paraná está siendo descubierto por los grandes inversores del mercado inmobiliario. Y los cambios que empiezan a vislumbrarse anuncian tiempos difíciles para la riqueza biológica y cultural de la zona.



El arroyo es, o era, el Anguilas. Primera sección del Delta del Paraná, municipio de Tigre, a apenas 10 minutos de los principales clubes náuticos de San Isidro. Un arroyo con historia y tradición literaria. Es el mismo que solía navegar el escritor Haroldo Conti, desaparecido en 1976, y el escenario donde comienza y se desarrolla Sudeste, novela emblemática del Delta. El Anguilas de fines de los 50, el de Sudeste, era tan angosto que allí resultaba «imposible colocar un muelle». Hoy es ancho y ya no serpea entre juncales: las máquinas lo han rectificado y amplían su cauce, porque pretenden convertirlo en el canal interno de Colony Park, una urbanizacón cerrada de 300 hectáreas.
Las dragas chupan el barro sucio del fondo y lo escupen en las islas. «Movimiento de suelos» es el nombre técnico de la operación. El objetivo es elevar la altura de esas islas, entre el río Luján, el canal Vinculación y el arroyo Pacú, donde se construirán, según los planes de la empresa, cerca de 1000 viviendas de lujo. El 19 de agosto de 2009, la jueza Silvina Mauri dictó una medida cautelar que ordenaba la suspensión de las obras por la falta de la correspondiente declaración de impacto ambiental, decisión que fue apelada por la empresa y ratificada el 3 de diciembre de 2009 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro. Pero las máquinas siguen allí, moviendo suelo y tierra.
Colony Park se autodefine como el «primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del Delta argentino». Se trata, por cierto, de un extraño modo de ver las cosas. Porque el Delta está lleno de islas de verdad, que son y han sido vivienda permanente de decenas de miles de personas. Ya en el siglo XVI los guaraníes cultivaban esas tierras, y los primeros españoles llegaron a fines del siglo XVII. Pero en el último tramo del XIX, la fertilidad de las islas, alabada por ilustres personalidades de la época, atrajo a numerosos colonos y multiplicó las plantaciones de frutales, sauces, álamos y hortalizas. Veinticinco mil personas vivían allí en 1940, pero muchas emigraron durante la segunda mitad del siglo XX, a medida que declinaba la producción frutícola por competencia de otras regiones.
Pero, aun así, no son islas desiertas las del Bajo Delta, ni siquiera las del arroyo Anguilas. Allí estaban, por ejemplo, hasta agosto de 2008, Antonio Ledesma y su rancho. «Era una casita con todas las comodidades. Rancho, sí; pero lindo. Tenía dos baños, una linda quintita, frutales, gallinas». Ledesma tiene 72 años, nueve hijos y una tristeza que se le nota en la voz y en los ojos. Y cuenta: «Nos arrancaron las casas. Perdí todo. Hasta las maderas, las chapas, las botas. Yo me había ido al pueblo a hacerme curar un problema que tengo en la pierna, y cuando volví, no quedaba nada».
Son alrededor de quince las familias que tenían sus ranchos en el Anguilas. Vivían del junco, de la pesca, de la caza de alguna nutria o algún carpincho. «Economía de subsistencia», dirán los economistas. Y un profundo respeto por el río, sus pulsos de inundación, sus crecidas y sus bajantes. Los isleños no levantan terraplenes ni mueven los suelos. «¿Ve ahí? –señala Gastón Arroyo, otro de los isleños del Anguilas–. Están levantando un terraplén para construir. Si usted viene y levanta un terraplén, toda esa agua no desaparece. ¿Sabe para dónde va? Para los pobres. Ellos rellenan, rellenan, y mandan el agua para otra parte».
«Ahí estaba mi palmera», señala Juan Domingo Presentado. Esa palmera había sido plantada por Manuel Luciano Presentado y Rosalía Mettini, padres de Juan Domingo, hace más de 40 años, en el lugar conocido como isla El Tigre, donde vivió por décadas su familia. Presentado señala un lugar vacío. «Los de la empresa me la arrancaron y la plantaron enfrente, en el vivero que están haciendo –dice–. Ahí llevan a chamuyar a la gente que quiere comprar un lote. Van y les muestran el vivero. Van y les muestran mi palmera». La historia de esa palmera, dice Presentado, es una de las pruebas de que ahí, sobre el Anguilas, estaba su rancho. De que, como dirá más tarde su abogado, Enrique Ferreccio, puede demostrar, al igual que sus compañeros, la posesión pacífica e ininterrumpida del lugar por más de 20 años.

Hechos y derechos

El lanchón avanza por el arroyo que ya no es un arroyo. A bordo van algunos de los nueve isleños que decidieron dar batalla judicial. Han denunciado penalmente a la empresa por usurpación de tierras fiscales y de aguas, daños por estrago y estafa. También reclaman que se declare nula la escritura mediante la cual fueron adquiridas, en 1999, las fracciones de tierra sobre las que se construirá la isla privada. «No hubo transferencia de la propiedad hacia Colony Park, la empresa no tomó posesión, echó a los isleños con violencia, quebrando la paz social, por eso la estamos denunciando por robo, daños y destrucción de sus viviendas. La posesión es la que tienen los isleños y es un hecho que da derechos. Si yo vivo acá, y acá planto y acá tengo la cancha de juncos, y no tengo títulos, pero tengo más de veinte años en el lugar, en forma pública, pacífica e ininterrumpida, y me muevo con ánimo de dueño, tengo la posesión del lugar».
Juan Derganz, el cantor del grupo, resiste con su guitarra, sus dos metros de altura y sus pies descalzos en el rancho rodeado por máquinas y containers. «Yo compré este pedacito de tierra hace 22 años, pero hay gente que está hace más. Los Gadea viven acá hace más de 50. También los Castro. A mucha de esa gente le rompieron el rancho. A mí me ofrecieron 10.000 pesos para que me fuera». Pero Derganz no se fue. Ahí está todavía, en el cruce entre el canal Vinculación y el Anguilas. Ranchito de chapa contra grandes obradores. Canoa celeste, la de Derganz, entre lanchas relucientes con motores de 200 caballos. Un anticipo, quizá, de lo que vendrá: un Delta con diferencias sociales cada vez más marcadas, sin lugar para que los isleños anden sin pedir permiso por la isla del vecino, para que se presten la canoa, la hoz, los remos, lo que haga falta.
En el arroyo Anguilas, aguas sobre las que debería regir el principio de libre navegación, funcionarán las marinas del complejo. La seguridad estará a cargo de la Prefectura, los controles de acceso y egreso serán mediante tarjeta magnética y habrá un circuito cerrado de televisión. Lo mismo está pasando ya en otras zonas del Delta, donde ya se han terminado de construir barrios cerrados. «Le piden los documentos y si no es propietario, no lo dejan pasar», cuenta Ledesma.
«Propietario» es una palabra compleja en la zona. La informalidad del mercado de tierras es fuente permanente de conflictos. Un problema agravado por la propia dinámica de crecimiento del Delta, que avanza en forma constante sobre el Río de la Plata, con nuevas islas y bancos formados por el depósito de los sedimentos que arrastra el río.
Así como los isleños del Anguilas no son los únicos que han debido abandonar sus tierras por el avance de grandes empresas, Colony Park no es el único megaemprendimiento que se está desarrollando en la zona. Martín Nunziata, vecino del arroyo Carapachay, cronista e historiador amateur del Delta y su gente, enumera algunas: «Santa Mónica, Isla del Este, Alba Nueva, Santamaría de Tigre, Poblado Isleño... Pero todo empezó con Nordelta, la gran ciudad privada, que no está en las islas sino en el continente y fue convertida en localidad, por decisión del Concejo Deliberante de Tigre, en 2003. Nordelta, como todos los barrios cerrados de Tigre, está sobre el valle de inundación. El río respira, su nivel baja y sube dos veces por día por la marea astronómica. Y a esto hay que agregarle las sudestadas, que son también periódicas, que traen el agua del océano, pero el agua no va solamente al Delta, va también a lo que se llama los valles de inundación, que son las zonas que la naturaleza tiene previstas para que el agua se aloje cuando suceden estos pulsos. Si al agua le ponés una resistencia, si empezás a levantar el suelo, el agua se va a alojar en otra parte: es física pura».

El nuevo Tigre

El crecimiento de las urbanizaciones cerradas, un fenómeno que caracterizó a toda el área metropolitana de Buenos Aires en la los 90, tuvo en Tigre una particularidad: la mayoría de los nuevos barrios se edificaron sobre tierras inundables. La superficie, estima el geógrafo Diego Ríos, creció casi veinte veces en una década. «Mientras que en 1991 había 166 hectáreas ocupadas, en 2001 alcanzaban las 3313», señala.
Este proceso fue tan rápido y notable que el «caso Tigre» se convirtió en objeto de estudio de distintas disciplinas. Geógrafos, biólogos, sociólogos y urbanistas llegaron, desde distintas perspectivas, a conclusiones similares. La urbanización produjo la alteración de importantes funciones ambientales de la zona –camuflada por un discurso que apela al verde y al aire puro como argumentos de venta– y estuvo orientada a sectores de ingresos medios y altos. El Estado intervino con obras de infraestructura y dejó en manos del mercado importantes decisiones en materia de desarrollo urbano. El artífice de lo que se daría en llamar «el nuevo Tigre» fue el intendente Ricardo Ubieto, que estuvo al frente del municipio en 1979, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla, fue electo en 1987 y permaneció en el cargo hasta su muerte, en 2006.
Una imagen sintetiza el espíritu de aquellos tiempos: Ubieto paseando por la costa con David Rockefeller, quien pretendía construir allí tres supertorres, un hotel de lujo y un shopping. Intendente y magnate se mostraban algo preocupados por el color negro y el olor igualmente oscuro del río que tenían delante: el río Tigre, uno de los brazos en los que se bifurca el Reconquista antes de verter sus aguas en el Luján. «Ubieto prometió solucionar el problema, pero lo que hizo no solucionó nada –recuerda Nunziata–. Se desvió gran parte del cauce del Tigre, a través del canal Aliviador, aguas arriba del río Luján. Los que vivimos en la isla, ese día, el 5 de agosto de 2000, vimos cómo el agua, literalmente, se ponía negra y despedía un olor horrible. Toda la contaminación fue desviada hacia el Delta, pero a los inversores les garantizaban que en el centro, el agua del río Tigre no se iba a ver tan sucia. Ubieto venía promoviendo estos negocios, garantizándoles a todos los inversores lo que él llamaba seguridad jurídica, es decir, la garantía de que sus proyectos no iban a ser amenazados por las personas que viven acá y que dicen no, no queremos esto, como ocurre ahora con Colony Park».
El intendente lo decía sin pudor: «Hemos abierto la inversión para cambiar el sistema que existía. Porque si no hubiéramos tomado la determinación de facilitar la inversión de los barrios y los emprendimientos particulares, y con tantas superficies desocupadas, Tigre podría haber sido una desgracia, una gran villa de emergencia como Moreno».
El actual intendente, Sergio Massa, no tiene, al menos en los discursos, una orientación tan clara. Ante ciertos auditorios, como ocurrió en la última celebración del Día del Isleño, asegura ser «un defensor del Delta como espacio natural y del estilo del isleño como estilo de vida». Pero no dice lo mismo en otros foros. En agosto de 2009, frente a empresarios del sector inmobiliario, el ex jefe de Gabinete presentó su «Master Plan» de inversiones para el Delta e intentó convencer a su auditorio de que Tigre es «un municipio seguro en materia de inversión». «Vine para decirles –aseguró Massa– que a 15 minutos de Buenos Aires hay un lugar, 150 kilómetros cuadrados de continente, 220 kilómetros cuadrados de isla, con posibilidad de desarrollo inmobiliario, de desarrollo hotelero. Vengan a invertir, fijamos reglas claras, queremos que inviertan porque con inversión hay crecimiento y con crecimiento hay trabajo para nuestros vecinos».
Esos 220 kilómetros cuadrados de isla son un imán para inversores, pero también forman parte de un ecosistema que hay que proteger. Y un tipo peculiar de ecosistema, denominado humedal (ver recuadro), cuya importancia está siendo revalorizada en todo el mundo. Estados Unidos y Europa gastan miles de millones de dólares y euros en recuperar sus humedales, que han sido degradados por la actividad humana y considerados, durante mucho tiempo, tierras improductivas.
El Delta, uno de los grandes humedales de la Argentina, está amenazado. No sólo por emprendimientos inmobiliarios agresivos. También por la ganadería intensiva, la extensión de la frontera agrícola, las grandes áreas de producción forestal, las obras de infraestructura, los incendios intencionales, los endicamientos, drenajes y demás métodos para «secar» una zona naturalmente inundable. Todo eso sumado a la ausencia de políticas de protección y uso sustentable del ecosistema.
El del Paraná es el único gran delta del mundo que está creciendo –se calcula que 70 metros por año–. Brinda innumerables servicios ecológicos. Filtra el agua, amortigua sus excesos, es refugio de biodiversidad y hábitat de especies amenazadas. Tiene paisajes diversos, bosques, monte, pastizales y praderas; nutrias, ciervos y carpinchos. Y tiene gente. Gente que vive en islas de verdad, mientras otros llegan del continente para fundar, como si llegaran a una tierra deshabitada, sus islas de la fantasía.



Entrevista a Pablo Bergel

«Un Estado debilitado»

Pablo Bergel es director de Calidad de Vida del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y está trabajando, junto con los isleños del Anguilas, en un proyecto para desarrollar cadenas de valor y preservar sus modos de vida y su hábitat. En la isla Esperanza, sobre el arroyo La Paloma, junto al galpón –espacio comunitario de usos múltiples– que están construyendo los isleños con su trabajo y los materiales aportados por el organismo, cuenta cómo empezó esta relación: «Se acercó un grupo de pobladores del arroyo Anguilas solicitando apoyo del INTI ante la destrucción de su hábitat, de sus casas, de sus sembrados, por parte de un emprendimiento inmobiliario. A raíz de eso, se han quedado sin casa y sin medios de subsistencia. Y se acercaron pidiendo asistencia para encontrar formas de producir.
–¿Cuáles eran sus medios de subsistencia?
–Son pescadores, junqueros, tenían plantaciones, frutales, que les fueron arrasados, pero sobre todo son junqueros. Decidimos empezar con el junco y estamos construyendo este galpón para darles capacitación. También vamos a aportar la maquinaria para agregarle valor al junco.
–Situaciones similares a ésta, una gran empresa que está conflicto con los pobladores y pone en riesgo su subsistencia, se da también en otros lugares del país...
–Creo que hay un modelo económico hegemónico no sólo en el país sino en el mundo, dominado por el mercado y por el principio de la renta, que lleva a la concentración en pocas manos y en grandes capitales, con megaemprendimientos que avanzan a costa de la producción local, el medio ambiente, las poblaciones, que quedan desocupadas y expulsadas y que se terminan agolpando en las grandes ciudades en condiciones indignas. El INTI propugna un modelo diferente, de desarrollo descentralizado, en función de la satisfacción de las necesidades alimentarias, vestimenta, hábitat, de las poblaciones. Un modelo compatible con el medio ambiente, aprovechando las materias primas locales y creando eslabones de valor. En este caso, se trata de la cadena del junco, pero podría ser la pesca o cualquier otra actividad.
–¿Cómo evalúa el papel del Estado en este conflicto?
–El Estado no es una sola cosa, el Estado es el gobierno nacional, pero también las universidades, los municipios, el propio INTI es parte del Estado. Evidentemente, el Estado está muy debilitado por toda la etapa neoliberal que tendió a privatizar, a debilitar los organismos de control, a debilitar la capacidad de iniciativa. Esto es evidente en las últimas tres décadas y es parte de una política deliberada que empezó en la dictadura militar y por la cual organismos como las universidades, como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), como el INTI, fueron extremadamente debilitados. Sin embargo, también depende de la voluntad de las conducciones de cada organismo y de los profesionales que hay en ellos de tratar de revertir esta situación. Nosotros estamos acá.
–Daría la impresión de que los gobiernos de las distintas jurisdicciones están dejando hacer.
–Llama la atención que después de tanto tiempo de una intervención por parte de una empresa, de un emprendimiento que quiere ser un gigantesco negocio inmobiliario, que están trabajando con dragas, con retroexcavadoras, modificando completamente el humedal que es el Delta, ninguna autoridad haya intervenido, o al menos no haya intervenido con suficiente vehemencia. El INTI es la pata tecnológica, es el brazo tecnológico a disposición de un Estado que quiere ser activo y de las partes del Estado que quieren ser activas y jugar el rol que les corresponde y, desde ya, también a disposición de los grupos de ciudadanos que se organicen para hacer valer sus derechos. No impartimos justicia, no tenemos poder de policía, no es nuestro rol ni nuestra vocación.



Entrevista a Patricia Kandus

Para qué sirve un humedal

En el tema de humedales no hay una larga trayectoria de saberes. El mundo estaba acostumbrado a pensar en ecosistemas terrestres o acuáticos, y hace aproximadamente dos décadas, se empieza a hablar de los humedales, que son esas tierras que siempre se consideraron marginales, fangosas, a las que no se puede entrar con lancha ni transitar con camiones», explica Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas y reconocida especialista en humedales. Aún hoy, en algunos ámbitos y en no pocos países, sigue vigente esa idea: que es necesario «modificar la condición de los humedales, convirtiéndolos en sistemas terrestres o en acuáticos».
–¿De qué manera se lleva a cabo esa transformación?
–Se puede usar tecnología para convertir el humedal en un sistema terrestre: canales de drenaje, terraplenes, pólderes o diques. La otra posibilidad es llevarlo a un ecosistema acuático: lo transformo en un lago o laguna. En ambos casos, se pierde la condición de humedal. Cualquier ecosistema tiene ciertas funciones que permiten ofrecer múltiples bienes y servicios a la sociedad, pero cuando se suprime el humedal, aquéllos se pierden.
–¿Cuáles son esos servicios?
–Los humedales cumplen, por ejemplo, un rol de regulación de las crecientes y de amortiguación de la velocidad del agua. Si el agua va encajonada por un río, viene con cierta velocidad, pero cuando desborda, pierde energía cinética, pierde energía erosiva, deposita sedimentos, esos sedimentos traen nutrientes que necesitan las plantas. También es importante la vegetación que está sobre las islas, sobre todo la vegetación herbácea. En general, la gente ve un bosque y dice qué lindo, pero cuando ve un pajonal le parece horrible. Pero los pajonales tienen el rol de absorber nutrientes y de filtrar sustancias tóxicas, y son reguladores de inundaciones y de sedimentos. Los pajonales del Delta tienen una altísima capacidad de fijar carbono, que queda almacenado en el suelo. Si vos secás el suelo, ese carbono se pierde y se emite a la atmósfera como dióxido de carbono.
–¿Cuál es la situación actual de los humedales en el mundo?
–Históricamente, los países fueron perdiendo la mayor parte de sus humedales; hay estados de Estados Unidos que perdieron el 90% de sus humedales. Sin embargo, con el tiempo se fue reconociendo el verdadero valor de estos ecosistemas. Y hoy EE.UU. y Europa invierten millones de dólares en restaurarlos. ¿Por qué? Porque ningún ecosistema terrestre tiene la capacidad de filtrar agua, por ejemplo. Hay toda una línea de investigación dedicada a la valoración económica de los ecosistemas. Lo que ocurre con los humedales es que los beneficios que ofrecen a la sociedad se ven a largo plazo o son aprovechados por sectores sociales que no pertenecen al núcleo de poder. Por ejemplo, la gente marginal que aumenta el contenido proteico de sus comidas porque caza carpinchos o nutrias. Vivir en un lugar como el Delta tiene sus costos y sus beneficios: la tierra es barata o nadie me dice nada si pongo mi casilla, a lo mejor corto juncos y los vendo por unos pesos, pero eso no me alcanza para vivir. Entonces cazo nutrias, carpinchos, pesco... Eso, en la economía, en los grandes números, no se ve, en cambio, si aumentás la superficie agrícola, se nota en el producto bruto interno. Además, suele existir una mirada peyorativa sobre los modos de producción alternativos que se desarrollan en estas áreas.
–¿Hay conciencia en nuestro país sobre el valor de los humedales?
–Muy poca. En general, en los países del tercer mundo, hasta hace muy pocos años, la mayor parte de los humedales estaban en un buen estado de conservación, quizá más por omisión que por decisión. Nuestro problema no es restaurar sino conservar, usar de buena forma, de forma sustentable, usar el humedal como tal y no como sistema terrestre.
–No es lo que ocurre con los barrios que se construyen en zonas inundables...
–Cuando el área de valle de inundación, por ejemplo, del río Luján, se eleva para hacer barrios privados, ¿a quién inunda? Al de al lado, seguro a quienes tienen menos recursos. La zona de Escobar, el dique de Luján, es una zona muy baja; era la antigua costa del mar. Ahí están haciendo barrios privados. Esa superficie hacía que se filtraran parte de los contaminantes. Hoy, con los barrios privados, el río parece una cañería que inunda al desprotegido.
–¿Es un problema social más que ecológico?
–Es muy difícil saber dónde está el límite de lo que uno puede pensar como técnico y lo que puede pensar desde su compromiso social. En una cuenca de la magnitud de la del Paraná, las evaluaciones del impacto ambiental de un emprendimiento como Colony Park pierden significado si no se piensan en el contexto de un ordenamiento territorial. El tema es: ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿Cuál es el plan de ordenamiento territorial? Creo que aun lo hay y esto es aprovechado por oportunistas que hacen negocio o especulan con el desconocimiento de la sociedad y sus autoridades. No se pueden pensar estas actividades fuera de un ordenamiento territorial, fuera de una planificación regional bajo un modelo inclusivo, donde tiene que participar la sociedad en su conjunto.
–Estos emprendimientos suelen recurrir a un discurso «ecologista»: se habla del verde, de la vida al aire libre...
–La palabra ecológico ha sido muy bastardeada. Un ejemplo: la contaminación que viene por el Reconquista o desde el polo industrial de Rosario. Ninguna de las ciudades que derrama sobre el Paraná tiene tratamiento de efluentes, todo se derrama al río, desde las cloacas hasta las industrias. Los metales pesados se depositan en el fondo. Cuando dragan y tiran el barro para rellenar estos emprendimientos, rellenan muchas veces con el barro del fondo. Sería interesante analizar la composición de esos barros y a lo mejor encontraríamos una buena parte de la tabla periódica. Sería cuestión de hacer evaluaciones de bienes y servicios ambientales que se ganan y se pierden, y además, quién gana y quién pierde con estas obras.

Acción Nº 1.045, primera quincena de marzo de 2010

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